El Gobierno admitió ayer que no podrá desalojar a los alcaldes de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), que, salvo imprevistos o mociones de censura, seguirán al frente de las corporaciones hasta el 2011, año para el que están fijadas las próximas elecciones municipales. Estos consistorios y las Juntas Generales de Álava son las únicas instituciones en las que están presentes miembros de los partidos ilegalizados por su vinculación a ETA, tras su reciente salida de los escaños del Parlamento vasco.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que el Ministerio de Justicia continúa los trabajos para abordar una reforma legal que impida en el futuro que un consistorio pueda estar gobernado por un concejal elegido en las listas de un partido ilegalizado, pero que, en cualquier caso, los cambios que se aprueben, para los que no anticipó fecha, no podrán aplicarse a los ediles actuales. «Cuando haya [nueva] ley, no podrá tener efectos retroactivos porque restringiría los derechos fundamentales», aclaró la vicepresidenta primera del Gobierno.