El Ministerio de Justicia quiere imponer una fianza a quienes recurran las resoluciones judiciales
ESPAÑA
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, trata de convencer a los grupos parlamentarios para que inicien de inmediato una reforma legal que obligue a cualquier ciudadano, empresa o institución a depositar una fianza simbólica para poder recurrir las resoluciones de los jueces o tribunales. Si el recurso prospera, el recurrente recuperará el dinero en depósito. Si los tribunales desestiman la impugnación, perderá el dinero, que se destinará a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Caamaño explicó ayer en el Senado que el objetivo fundamental de la medida es minimizar o terminar con las decenas o centenares de miles de impugnaciones «sin fundamento» que cada año se presentan en España y que, en su mayor parte, solo persiguen dilatar al máximo los procesos, al tiempo que se convierten en una de las causas fundamentales del actual atasco judicial.
Cree que esta fianza no cercena el derecho a la justicia de todos los ciudadanos, porque en caso de que el recurso tenga base y sentido la medida será inocua y el recurrente no perderá el dinero.
Entiende que solo perjudicará, y servirá de advertencia a quienes recurren por sistema y táctica todas las resoluciones, «en lo que constituye un fraude de ley». Caamaño puso como ejemplo de la magnitud del problema que genera esta práctica perversa el dato de que el 80% de las disposiciones judiciales recurridas el año pasado terminaron confirmadas por los tribunales superiores, que desestimaron los recursos.
Reforma legal
El ministro no facilitó ayer demasiados datos sobre las características de la medida porque sus perfiles concretos deben ser negociados antes del próximo martes con los grupos parlamentarios. El Gobierno pretende que la reforma legal se realice como una adición a la ley de la nueva oficina judicial que ahora tramita el Congreso, y cuyo plazo de enmiendas se cerrará el 26 de este mes.
Si los planes del ministro Caamaño prosperan, la fianza previa a la interposición de recursos podría ser una realidad entre el próximo verano y el 1 de enero del 2010, que es el período en el que se prevé que entre en vigor lo dispuesto en la citada norma.
Los comentarios de Caamaño en el Senado solo permiten adelantar que piensa en una fianza de baja cuantía -«de tarifa plana», según sus palabras-, que sería de aplicación a todos los órdenes judiciales (penal, social, contencioso y civil), y que tendría que satisfacerse en cada impugnación.
De hecho, el ministro no solo habló de los recursos contra sentencias, sino también de los presentados contra autos, providencias y todo tipo de resoluciones judiciales, ante el mismo juez o ante tribunales superiores. No aclaró si el importe del depósito será igual para todas las instancias.
Tres efectos positivos
El responsable de Justicia aseguró que el cambio legal tendría tres efectos positivos. El principal, «desalentar al recurrente que abusa». Los otros dos se derivan del destino que prevé dar a este dinero: ayudar a financiar la plataforma tecnológica para interconectar los distintos sistemas informáticos de los juzgados españoles y de la Fiscalía, y engrosar los presupuestos para la justicia gratuita, la que sufraga los litigios de quienes carecen de unos recursos mínimos.