Los rumores de una inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, del que según algunas informaciones podría anular dos artículos, ha desatado una cascada de reacciones en el Gobierno catalán. Su portavoz, Joan Saura, adoptó un tono moderado y abogó por un nuevo pacto político para retocar lo que eventualmente pueda ser anulado. En cambio, otro miembro del Ejecutivo autonómico, como el consejero socialista Ernest Maragall, ha llegado a exigir una aplicación íntegra del texto al margen de lo que diga el tribunal. Y otros dirigentes socialistas hablan incluso de una reforma constitucional para dar cabida a lo recogido en el Estatuto que no se acomode a la Carta Magna. Rajoy declaró ayer a La Voz que acatará, «me guste o no», lo que diga el Constitucional, porque «es una regla básica del juego democrático». Y añadió que «me gustaría que no se presionara al tribunal» con declaraciones como las de los dirigentes catalanes, incluida la propuesta de Carod-Rovira, descartada por sus socios de Gobierno, de convocar una manifestación. Lo que da lugar a Rajoy para amonestar a Zapatero por su silencio. «Me gustaría -dijo- que, cuando hay presiones públicas como las que estamos viendo, el presidente del Gobierno ejerciera el liderazgo y dijera lo que yo estoy diciendo: que las decisiones de los tribunales sobre este asunto, o sobre cualquiera, hay que acatarlas».