La actividad política en Baleares está marcada en los últimos años por la imputación en una quincena de causas judiciales sobre corrupción de más de veinte dirigentes políticos y ex altos cargos, la mayoría del PP y de Unió Mallorquina (UM). Los principales casos de supuesta corrupción habidos en los últimos años son los siguientes: Caso Can Domenge. Se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en la capital balear. En la causa están imputados la ahora presidenta del Parlamento balear y entonces presidenta del Consejo, María Antonia Munar (UM); el consejero balear de Turismo, Miquel Nadal (UM), y el diputado autonómico suspendido de este partido, Bartomeu Vicens, entre otros. Caso Palma Arena. El juzgado investiga irregularidades y malversación en la construcción del velódromo Palma Arena por el Gobierno del entonces presidente autonómico Jaume Matas (PP), imputado en la causa. El coste del proyecto se disparó de los 48 millones de euros presupuestados a más de cien. Fueron detenidos el ex director general de Deportes de Baleares, el campeón olímpico José Luis Pepote Ballester, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán. Caso Son Oms. Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Entre los imputados figuran el ex secretario general de Unió Mallorquina y ex director del territorio de Mallorca, Damià Nicolau, así como el diputado del Grupo Mixto y ex consejero de Ordenación del Territorio de Mallorca, Bartomeu Vicens.
Dividido en cerca de 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, tres de las cuales ya han sido juzgadas. Entre los condenados figura el que fue director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Jaume Matas (PP), Jaume Massot, que acumula más de ocho años de prisión y que está en libertad bajo fianza. Caso Peaje. Se investiga el desvío de dinero destinado a obras de carreteras de Manacor a obras privadas durante el pasado mandato del Consejo de Mallorca, gobernado por PP y UM. Entre los imputados se encuentran el actual vicepresidente del Consejo, Antoni Pascual (UM), y el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de Unió en la institución.