El presidente asegura que «tenemos una respuesta penal adecuada» para los delitos más violentos
27 ene 2010 . Actualizado a las 09:52 h.El Gobierno cargó ayer duramente contra Mariano Rajoy y el PP por abrir debates «oportunistas» e «irresponsables» e incluso por «utilizar el dolor» de la familia de Marta del Castillo con fines electoralistas. Respondía así a las propuestas que ha hecho el principal partido de la oposición en los últimos días para revisar la política de inmigración e implantar la cadena perpetua, que ayer avaló el propio Rajoy, quien reclamó que se abran debates exhaustivos y sosegados sobre ambos asuntos. El líder popular señaló que no se debe tener miedo a plantear la cadena perpetua, sobre todo si es revisable, porque «lo pide la calle» y ya existe en varios países europeos. Aunque, al igual que hizo el día anterior María Dolores de Cospedal, no precisó si el PP va a llevar esta propuesta a las Cortes para sacar adelante la reforma legislativa. Fue el vicesecretario general de Política Territorial, Javier Arenas, quien el pasado domingo puso el asunto sobre la mesa, en el que ayer volvió a insistir y sostuvo que la pena de reclusión perpetua «cabe en la Constitución». Un planteamiento que choca con el que hizo el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, en el 2008, cuando dijo que era inconstitucional si se hacía una interpretación estricta de la Carta Magna. Pero el Gobierno no está dispuesto a que el PP le marque lo que considera una agenda populista con fines electorales y rechaza entrar al trapo. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que abordar la posibilidad de implantar la cadena perpetua es «un debate de oportunidad» al hilo de acontecimientos recientes, cuando se cumple un año de de la desaparición trágica de Marta del Castillo. «Tenemos una respuesta penal adecuada para los delitos más graves y más violentos en términos prácticos de cumplimiento de condenas, en comparación con cualquier país europeo», aseguró el presidente del Gobierno. Partidista e irresponsable María Teresa Fernández de la Vega contestó al PP en materia de inmigración, acusándolo de usar de manera «partidista, electoralista, oportunista e irresponsable» el debate sobre el empadronamiento de los inmigrantes y tener «cada día una nueva ocurrencia». Para la vicepresidenta primera, la política inmigratoria del Gobierno «está muy clara y está dando resultados y beneficios a todos» y se basa en promover la inmigración legal y ordenada, luchar contra las mafias y procurar la integración. En la misma línea, pero en un tono aún más duro, se pronunció Manuel Chaves, quien denunció la posición «electoralista» y «oportunista» del PP en asuntos en que no debería hacerlo y lo acusó de comportarse de forma «absolutamente demagógica», sin importarle plantear «debates estériles», «utilizar el dolor de una familia electoral y políticamente», en referencia a la de Marta del Castillo, o contradecir su apuesta nuclear, en alusión al enfrentamiento que se ha producido entre María Dolores de Cospedal y Javier Arenas por la ubicación del almacén nuclear.