El Consejo General del Poder Judicial comenzó ayer los trámites para la suspensión cautelar de Baltasar Garzón. El órgano de gobierno de los jueces quiere cubrirse las espaldas y tener preparado el envío a la nevera del magistrado de la Audiencia Nacional ante su previsible procesamiento por parte del Tribunal Supremo. Como primer paso, acordó solicitar a la Fiscalía que le informe sobre las dos causas abiertas contra Garzón en el alto tribunal: la investigación de los crímenes del franquismo y la gestión de unos cursos académicos en Estados Unidos.
La comisión permanente del consejo acordó dar este paso en respuesta a la denuncia presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, quienes pedían la inhabilitación temporal del juez «a la mayor urgencia posible», una vez que el Tribunal Supremo situó a Baltasar Garzón al borde del banquillo de los acusados por la causa del franquismo. La decisión de los vocales fue unánime y se ampara en el artículo 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Si bien la suspensión cautelar de los jueces solo tiene lugar cuando hay «auto de prisión, libertad bajo fianza o procesamiento firme» -supuestos que por ahora no se dan en este caso-, el trámite aprobado ayer por el Consejo General del Poder Judicial, como órgano encargado de hacer efectivo el cese de los jueces, es habitual ante este tipo de denuncias. Es más, esta es la quinta vez en los últimos meses que tiene que pronunciarse sobre la inhabilitación del juez por causas abierta en su contra. En todas las anteriores rechazó la suspensión. Pero ahora la situación procesal del magistrado está a punto de dar un giro de 180 grados. La comisión permanente, encabezada por el presidente del consejo, Carlos Dívar, ha pedido a la Fiscalía que le remita sendos informes sobre la causa de las desapariciones del franquismo y la presunta mediación de Garzón con el Banco de Santander para la promoción de unas jornadas que este dirigió en Nueva York. La respuesta del ministerio público no es vinculante, si bien ya ha reiterado en anteriores escritos que se archiven ambos procesos contra el juez por carecer de relevancia penal.
Recurso del magistrado
De todos modos, la consulta a la Fiscalía tiene lugar antes de que Garzón haya podido recurrir el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del Supremo Luciano Varela, en el que desgranó sus motivos para sentar al instructor de la Audiencia Nacional en el banquillo y rechazó, por tanto, archivar la causa por prevaricación relacionada con su investigación de los crímenes del franquismo.
En la otra causa abierta en el alto tribunal, la de los cursos académicos en Estados Unidos, los querellantes acusan al juez de nuevo por supuesta prevaricación, pero también de cohecho y estafa.