Los funcionarios del juzgado del magistrado salen en su defensa y rechazan «la crítica permanente» al juez
17 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Baltasar Garzón agota sus bazas antes de su previsible suspensión cautelar por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. El Consejo General del Poder Judicial ha dado diez días de plazo al juez para que formule las alegaciones que considere oportunas en el expediente abierto la pasada semana por la comisión permanente, órgano encabezado por Carlos Dívar, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.
El juez de la Audiencia Nacional pidió ser escuchado tras conocer que el órgano de gobierno de la judicatura había iniciado los trámites para su suspensión temporal a raíz de las dos causas que tiene abiertas el Tribunal Supremo: la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, y la mediación para que el Banco Santander patrocinase unos cursos académicos suyos en Nueva York. La decisión de la comisión permanente de dar una última palabra a Garzón se tomó por unanimidad. Este trámite es meramente procedimental y quedaría en nada si en los próximos diez días la Sala de lo Penal del Supremo decide procesar a Garzón por prevaricar en la investigación del franquismo. En ese caso, el Consejo del Poder Judicial apartaría de forma automática al juez de sus funciones mientras es juzgado por esta causa, como todo parece indicar.
Desde que, el pasado 4 de febrero, el magistrado Luciano Varela lo colocara al borde del banquillo de los acusados con un auto demoledor, según reconocieron fuentes judiciales, no han parado de sucederse las muestras de apoyo a Garzón. Las últimas llegaron ayer del juzgado de la Audiencia Nacional en que trabaja el juez. Más de una treintena de funcionarios firmaron un manifiesto en el que expresan su incomprensión por la «crítica permanente» que existe en contra del instructor.
Loas funcionarios alaban la labor judicial de Garzón en todos estos años y aseguran que «desde su privilegiada situación» han visto su forma de trabajar «sin descanso, durante jornadas maratonianas, que en muchas ocasiones no distinguen días laborables ni festivos, con escasos medios, suplidos con su fuerza de voluntad y la de los firmantes». Aseguran además que es «harto difícil» entender que sus decisiones puedan considerarse prevaricadoras.
Además, cerca de 300 profesionales del Derecho expresan su solidaridad con el juez Garzón en un manifiesto en el que se muestran convencidos de que la actuación de Garzón «ha estado siempre guiada desde la preocupación por el destino de las víctimas y lejos de una conciencia de actuar injustamente». Por ello, los firmantes consideran que «la distancia entre unas resoluciones jurídicamente discutibles que cuentan con el marco procesal adecuado para resolverse y una actuación prevaricadora es tan grande que solo puede colmarse desde la malevolencia o desde razones políticas que no deben afectar a la independencia judicial».
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo que «no debe aventurarse nada» sobre el procedimiento contra el magistrado, y añadió que se pondrá de manifiesto que los mecanismos establecidos operan en el Estado de derecho, por «lo que hay que hacer es esperar que cada uno, en el ejercicios de sus competencias, resuelva».