La formación tiene pendientes dos causas por supuesta financiación irregular
05 mar 2010 . Actualizado a las 12:35 h.Final del invierno horrible para Unió Democrática de Catalunya (UDC). A las dudas sobre supuestas prácticas irregulares en la financiación que se ciernen sobre la formación democristiana se ha sumado que el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador del Estado y del sector público, que ha multado a UDC con 271.797 euros por recibir una donación anónima en el 2006, que triplicó el límite establecido por la ley orgánica de financiación de los partidos.
Según el informe que el tribunal ha remitido al Congreso, la formación democristiana que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, el socio menor de CiU, recibió un ingreso opaco de 196.000 euros en el 2006, el último ejercicio durante el que los partidos pudieron recibir donaciones anónimas, ya que en mayo del 2007 el Parlamento prohibió este tipo de aportaciones mediante una reforma de la ley. Ese dinero sobrepasa la cuantía de 60.101 euros que una sola persona física o jurídica puede aportar a un partido político, de acuerdo a la normativa vigente aquel año. «El tribunal estima que existe una infracción que está sancionada con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada, que en este caso se cuantifica en 271.797,58 euros», afirma el informe.
«Si bien el partido ha indicado que corresponde a cuatro donativos procedentes de la recaudación efectuada por los responsables de las organizaciones intercomarcales, no se considera suficientemente acreditado el fraccionamiento del ingreso único registrado por caja a efectos contables», concluye el documento del órgano fiscalizador.
La sanción del Tribunal de Cuentas llega a Unió en plena precampaña de las elecciones catalanas de otoño y pocos días después de que estallasen dos escándalos que ponen en cuestión la financiación del partido federado a Convergencia. Por un lado, la Fiscalía reclama 55 años de prisión para los seis implicados en el llamado caso Pallerols, cuatro de ellos ex altos cargos de UDC en los años noventa que supuestamente desviaron fondos procedentes de subvenciones de la Consejería de Trabajo. Y por otro, una investigación de la Fiscalía de Barcelona dejó al descubierto una trama empresarial que habría hecho donaciones a la formación con dinero procedente de facturas falsas. Unió se apresuró a aclarar que su actuación está dentro de la legalidad.