Un tercio de los jueces han firmado un manifiesto en el que se advierte que el poder judicial ha alcanzado un nivel de contaminación política altamente preocupante
14 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La política y la Justicia nunca fueron como el agua y el aceite. Siempre se han mezclado en mayor o menor grado, pero hay bastantes evidencias que apuntan a que en los últimos tiempos andan demasiado revueltas. La Justicia en España la imparten unos 4.500 profesionales. Más del 87% lo son de carrera, el resto accedieron a la judicatura por el turno de juristas de reconocida competencia. De este colectivo, 1.500 (un tercio del total) ya se han adherido al Manifiesto judicial contra la politización de la Justicia, que lleva circulando dos meses por iniciativa de 43 jueces y magistrados.
Los firmantes de manifiesto, de ideología plural, adscritos unos a alguna de las cinco asociaciones judiciales e independientes otros, coinciden en denunciar públicamente «el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el poder judicial en nuestro país».
El manifiesto alerta de las consecuencias que para el Estado de derecho, en general, y para la vida cotidiana y personal de todos los ciudadanos, en particular, ha comportado y comportará aún más en el futuro «el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos». Dicen estar convencidos de que lo que está en juego es «la democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución».
Existe la convicción casi generalizada, dentro y fuera del colectivo judicial, de que el epicentro de la politización radica básicamente en el órgano de gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial, al que la Constitución que lo ampara, paradójicamente, le asigna como misión fundamental el velar por la independencia de los jueces en el desempeño de su función jurisdiccional.
El debate sobre el tema no es nuevo. Tiene al menos 25 años de historia, porque arranca de 1985, cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que privó a jueces y magistrados de su original derecho a elegir a doce de los veinte miembros integrantes del CGPJ, reconocido en la ley de 1980, y transfirió al Congreso y al Senado la elección de la totalidad de los vocales, ocho de ellos de libre designación y los 12 restantes a escoger de una lista de 36 propuestos por las asociaciones judiciales, que no representan a la mayoría del colectivo, y por los no adscritos, siempre que contasen con el respaldo del 2% del colectivo.
Para evitar el corporativismo
En su día se justificó el cambio en el sistema de elección para neutralizar el corporativismo en el seno de un colectivo que, por aquellas fechas, procedía en buena medida de los tiempos de la dictadura. Se consideraba más progresista que la elección recayese en los órganos de representación de la soberanía popular.
La desmedida judicialización de la vida política, que tuvo su punto culminante a mediados de los años noventa, ha provocado una creciente politización de la Justicia hasta convertir el CGPJ en lo que el constitucionalista Roberto Blanco Valdés calificó de «miniparlamento judicial, disciplinado en su funcionamiento interno hasta límites extremos».
El empeño de los partidos mayoritarios por el control del órgano de gobierno de los jueces provocó que la última renovación de este se hiciese con dos años de retraso. El reparto del poder entre el PSOE y el PP ofreció un espectáculo tan poco edificante como la designación a dedo de Carlos Dívar como presidente del Consejo -que lo es también del Tribunal Supremo- por parte del presidente del Gobierno, antes de que lo refrendasen los vocales encargados de elegirlo, según la Constitución.
¿Por qué tanto tanto interés partidista en controlar el Consejo? No es nimio. Este órgano elige dos magistrados del Tribunal Constitucional, los presidentes de las salas del Supremo, de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias provinciales, amén de tener poder sancionador disciplinario sobre los jueces y magistrados.
El pasteleo de cargos que controlan los líderes de los dos grupos mayoritarios en el Consejo ha llegado a provocar disensiones internas en el seno de los mismos, como puso de manifiesto la reciente dimisión, no aceptada, de José Manuel Gómez Benítez, uno de los vocales elegidos a propuesta de los socialistas.
¿Cómo le afecta todo esto al ciudadano de a pie, usuario de la Justicia? «Con un Consejo controlado desde el poder ejecutivo, tarde llegaremos a alcanzar una tasa de jueces -20 por 100.000 habitantes- y unas inversiones en Justicia -el 3,5 % del presupuesto- homologables a la media europea», explica uno de los firmantes del manifiesto por la despolitización.