La medida se incluye en la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso
09 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La ponencia del Congreso encargada de la reforma del Código Penal concluyó sus trabajos con un amplio consenso de las fuerzas políticas presentes que, por unanimidad, acordaron aumentar las penas previstas en el proyecto para los cargos públicos condenados por corrupción, que tendrán penas de cárcel. Tras la reunión, que se celebró en la mañana de ayer, fuentes parlamentarias explicaron a Efe que todos los grupos parlamentarios dieron luz verde a un paquete de enmiendas al proyecto del Ejecutivo, que se incluyó en el informe final que estudiará el próximo día 21 la Comisión de Justicia. Estas enmiendas endurecen las penas para muchas de las conductas de las que se acusa a los altos cargos implicados en el caso Gürtel o al ex presidente de Baleares Jaume Matas por el caso Palma Arena. Entre los acuerdos alcanzados se incluye una modificación del artículo 439 del Código Penal, según la cual las autoridades que por su cargo tengan que intervenir en cualquier clase de contrato y se aprovechen de esa circunstancia para facilitarse un beneficio, directa o indirectamente, se arriesgarán a penas de cárcel de seis meses a dos años, y no solo a multa e inhabilitación. Delitos urbanísticos Otra de las modificaciones eleva, en el artículo 320, las penas para los funcionarios que se vean implicados en delitos urbanísticos. En este caso, la enmienda aprobada a propuesta de ERC, pero con transacciones del Grupo Socialista y el PNV, contempla penas de cárcel, y no solo de inhabilitación, para las personas que informen a favor de proyectos urbanísticos o la concesión de licencias de forma irregular. En concreto, los altos cargos que cometan estas infracciones podrán ser castigados con penas de 18 meses a cuatro años de prisión, y con multa de doce a veinticuatro meses. El texto del Gobierno establecía inicialmente penas de uno a tres años de prisión o multa de doce a 24 años, y lo que se suprime es la sanción económica como alternativa. Otra de las propuestas incluidas en el informe suprime las penas de prisión para los delitos de venta de material audiovisual ilegal, el conocido como top manta, cuando el beneficio no sea superior a los 400 euros. CiU también consiguió sacar adelante una de sus propuestas para penar a los que desluzcan los bienes muebles de dominio público o privado. Según informó el portavoz de Justicia de los nacionalistas catalanes, Jordi Jané, esto supondrá que «los que hagan pintadas en los vagones de los trenes serán penados con localizaciones permanentes de dos a seis días o trabajos en beneficio de la comunidad de tres a nueve días». Además, en la ponencia del Congreso se han introducido algunos retoques en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.