Manuel Chaves sale en defensa del magistrado, y el fiscal general afirma que no ha cometido ningún delito
09 abr 2010 . Actualizado a las 09:40 h.La totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrán que retratarse el próximo día 22 en el debate y la votación sobre la suspensión de actividades de Baltasar Garzón. El presidente del órgano de gobierno de la judicatura, Carlos Dívar, decidió que el foro en que se tome la decisión sea el pleno de la institución y no en la reducida comisión permanente, en la que se han tratado casos similares en el pasado.
Solo quedarán fuera del debate el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y la vocal Margarita Robles, quienes fueron recusados por Garzón y aceptaron abstenerse. El órgano de gobierno de los jueces debe decidir ahora sobre el veto del juez a la vocal Gemma Galego, y la inhibición solicitada por José Manuel Gómez Benítez, consejero, abogado y amigo del instructor de la Audiencia Nacional. Si el Consejo del Poder Judicial también acuerda su exclusión, la decisión quedará en manos de los 16 vocales restantes y el presidente, entre los que las opiniones están divididas casi a partes iguales.
El consejero Miguel Carmona garantizó que la institución tratará el caso de Garzón «sin excepcionalidad en un sentido ni en el otro», siempre que el Supremo tome antes la decisión sobre si procesa al juez. El consejo confía en que para el día 22 el alto tribunal haya decidido sobre el procesamiento de Garzón por prevaricación en la instrucción de la causa de los crímenes del franquismo, y se la haya remitido. De no ser así, la decisión se pospondría.
Reacciones
La entrada en capilla del juez de la Audiencia Nacional suscitó, como siempre, reacciones encontradas. En el Gobierno, unos optaron por la prudencia y otros, por la vehemencia. José Luis Rodríguez Zapatero, a diferencia de lo que hizo hace un mes, cuando elogió la figura del magistrado, apeló a su responsabilidad como jefe del Ejecutivo para no opinar. Mostró su respeto por las decisiones judiciales porque hay que tener «confianza en el Estado de derecho», aunque reconoció que se ha abierto «una gran polémica» por el más que probable encausamiento de Garzón, al que seguirá, vaticinó, «un gran debate con una gran intensidad».
«Herederos políticos»
El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, consideró que «algo debe estar ocurriendo» en el mundo judicial para que el magistrado esté en vísperas de sentarse en el banquillo, algo, a su juicio, «incomprensible» porque si abrió una investigación sobre los crímenes de la dictadura fue a petición de las víctimas y sus descendientes. Más rotundo fue el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, quien subrayó que son «los herederos políticos de los asesinos del franquismo» los que han llevado al juez al banquillo por intentar investigar lo que hicieron sus antecesores.
En el PP la respuesta fue unívoca. El enjuiciamiento del magistrado es la mejor muestra de que la Justicia «alcanza a todos», repitieron los dirigentes opositores que opinaron.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reiteró que no hay delito en las decisiones que tomó Garzón. La Fiscalía General del Estado «respeta absolutamente la decisión del Supremo, confía en el Supremo, y mantiene su criterio de que los hechos no son constitutivos de delito», señaló Conde-Pumpido.