El Consejo General del Poder Judicial no estudiará en su pleno del próximo jueves la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, ya que el Tribunal Supremo aún no le ha remitido el auto en el que el magistrado de este órgano Luciano Varela anticipaba su decisión de sentarlo en el banquillo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces informaron a Efe de que ayer, a las 18.30 horas, cuando cerraba el registro del CGPJ, la resolución dictada por Varela en la causa abierta a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo no había llegado al consejo, por lo que la suspensión del juez de la Audiencia Nacional no se incluirá en el orden del día.
Si el auto llegara al CGPJ hoy o mañana, el asunto aún podría verse en el pleno si todos los vocales dan su conformidad para ello, pero otras fuentes consultadas en el consejo señalaron que ya hay algunos que han anunciado que no son partidarios de que este órgano se pronuncie sobre la suspensión de Garzón de manera tan precipitada. Fue el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, quien acordó recientemente que fuera el pleno de este órgano y no la comisión permanente el que decida sobre la sanción cautelar del juez.
Falange Española de las JONS, el partido de extrema derecha que acusa de prevaricación al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, remitió ayer al Tribunal Supremo su escrito de acusación, en el que pide el máximo castigo para el magistrado por el delito de prevaricación: 20 años de inhabilitación, multa de 24 meses y 300.000 euros de responsabilidad civil subsidiaria.
El magistrado del Supremo Luciano Varela, que decidió procesar a Garzón por estos hechos en un auto del 7 de abril, solicitó a las acusaciones populares, Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española, los escritos de acusación como trámite previo a la apertura de juicio oral.
La primera en contestar ha sido Falange y hoy está previsto que llegue al registro del alto tribunal la solicitud del pseudosindicato Manos Limpias, que también pedirá la máxima pena para el juez. Las tres acusaciones han tenido que desembolsar 6.000 euros de fianza para personarse como partes, después que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitiese su presencia en la causa contra Garzón, informa Colpisa.
Entre los motivos de su querella, Falange señala que Garzón pretendió desde su juzgado hacer una causa política para la que sabía que no era competente sin tener en cuenta los principios de legalidad y la prescripción de los delitos por la Ley de Amnistía de 1977. Asimismo, afirma que Garzón actuó por el interés de trasladar a la opinión pública sus tesis políticas y por querer controlar las exhumaciones que se pretendían llevar a cabo.