Familiares de represaliados gallegos ampliaron ayer la denuncia con datos de 4.500 desaparecidos
01 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La cadena de acontecimientos que sigue a la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por las investigaciones del franquismo se detuvo de nuevo en Buenos Aires. Y otra vez con protagonismo gallego. La Fundación Galega contra a Impunidade, respaldada por otras diez asociaciones argentinas de derechos humanos, incorporó ayer en los tribunales de la capital austral la ampliación de la querella presentada el 14 de abril para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Se trata de la inclusión de una lista con 4.500 casos de gallegos represaliados documentados en el estudio As vítimas, os nomes, as voces, os lugares, elaborado por las tres universidades gallegas, que acompañan a las 16 denuncias individuales de familiares de víctimas entregadas por los abogados mediante un poder notarial. Para los demandantes, esta ampliación apuntala las intenciones de la querella presentada con anterioridad. Sin embargo, la Fiscalía Federal argentina consideró ayer ilegal el inicio del proceso, por las «grietas jurídicas profundas» y porque en España lo están llevando «numerosos tribunales». En el dictamen entregado a la jueza María Servini de Cubría, el fiscal Federico Delgado señala que por todo ello el inicio de un proceso en Argentina sería «incompatible con la evolución del Derecho Internacional». No vinculante Para uno de los demandantes presentes ayer en los tribunales porteños, el abogado Carlos Zamorano, la opinión del fiscal «no es vinculante», aunque fuentes de las asociaciones de derechos humanos creen que es un mal presagio para las intenciones de los querellantes. En Buenos Aires se citaron ayer delante del edificio de tribunales de Comodoro Py una treintena de familiares, simpatizantes de varias de las asociaciones que respaldan las querellas contra el franquismo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Paula Herrero Núñez, nieta del líder galleguista y vicepresidente de la Diputación de Pontevedra durante la república, José Núñez Búa, se presentó como querellante y explicó que su abuelo «tuvo que huir a Argentina después de sufrir la cárcel. La represión ideológica es también un crimen de lesa humanidad y el exilio es otra cárcel», señaló. También se hicieron ver los pañuelos blancos de las Madres de la Plaza de Mayo en el grupo formado ante una gran pancarta que representaba caras sin rostro y la leyenda «Xenocidio galego» y «Ayer por nosotros, hoy por vosotros». Nora Cortiñas, madre de un desaparecido descendiente de gallegos, aseguró que «en Argentina se quiere retribuir con el compromiso moral y político que se abrió en España cuando se empezaron a juzgar a criminales de aquí; ahora no podemos permitir la impunidad». No llegaron a tiempo los poderes para las denuncias por las ejecuciones de varios gallegos en 1975, pero, según los abogados, se continuará trabajando para ampliar todo una demanda histórica.