La corrupción en la Comunidad Valenciana salpica al PSOE y hace dimitir a su portavoz en la Diputación de Alicante
ESPAÑA
El portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, implicado en el caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de la provincia, anunció ayer que deja su cargo y se aparta de la dirección, aunque mantendrá su acta de diputado y su puesto de concejal en Elche. Amorós compareció ante los medios después de que un periódico publicara ayer que el juez le había imputado por los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. El dirigente socialista aseguró que «a día de hoy» no había recibido ninguna notificación de su imputación, proclamó su inocencia, argumentó que dimitía para que nadie le utilice en su beneficio personal, y destacó que todos los imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de la planta de residuos de la comarca de la Vega Baja son del PP u «otras personas vinculadas a este partido». Amorós es el único socialista acusado en un caso que afecta sobre todo ael PP -que según el sumario podría haber financiado ilegalmente su campaña electoral en Orihuela a través de esta red de corrupción-, pero en las diligencias ha aparecido también el nombre de José Cataluña, ex secretario de finanzas del PSPV-PSOE. Se trata de una alusión del principal encausado, el industrial Ángel Fenoll, sobre una supuesta reunión que ambos habrían mantenido en Valencia, que no ha podido probar la investigación. El secretario general el PSPV. Jorge Alarte, ha pedido a la ejecutiva federal la suspensión cautelar de militancia de Amorós. El implicado más destacado del caso es el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, que está acusado de prevaricación, cohecho y otros tres delitos. La publicación de unas conversaciones con un intermediario de las que se desprendería que recibió dos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, supuestamente a cambio de adjudicar el multimillonario negocio al empresario Enrique Ortiz, le obligó a comparecer ayer ante los medios de comunicación. Ripoll defendió su «honorabilidad» y calificó de «rotundamente falso» que los beneficiarios de la contrata le regalaran los inmuebles, como señala un informe policial. El mandatario admitió que visitó los pisos, cuyo promotor era el empresario y amigo de la familia Rafael Gregori, que también está imputado, al igual que otros próximos a la zona, porque quería comprarse una casa. Pero finalmente adquirió otra distinta por 450.000 euros. También reconoció que disfrutó de unas vacaciones en Mallorca en el barco de Ortiz, adjudicatorio del negocio de las basuras y presidente del equipo de fútbol Hércules.