El presidente del Murcia, imputado por blanqueo, delito fiscal y prevaricación

La Voz MURCIA/EFE.

ESPAÑA

Samper es uno de los acusados por una trama de corrupción urbanística en la zona norte de la ciudad

16 oct 2010 . Actualizado a las 02:46 h.

El empresario y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, declaró ayer ante el juez instructor por un supuesto caso de corrupción urbanística, en el que está imputado por inducción a la prevaricación, blanqueo de capitales y delito fiscal, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Tras la declaración, que duró dos horas, el titular del juzgado número 8 de Murcia, David Castillejos, no impuso medidas cautelares contra Samper, que según el tribunal se mostró colaborador con el juez durante la comparecencia. A su salida del Palacio de Justicia, Samper no quiso hacer declaraciones a los numerosos periodistas que lo esperaban a la puerta, y su hermano Juan Antonio, que lo asiste como letrado, se limitó a confirmar la ausencia de medidas cautelares.

La comparecencia de este empresario, uno de los imputados en la operación Umbra desarrollada la pasada semana por la Guardia Civil, ha levantado gran expectación ciudadana y mediática, e incluso algún aficionado al fútbol le ha gritado mensajes de ánimo a su llegada a los juzgados.

Además de su hermano, Jesús Samper está siendo asistido por abogados del despacho madrileño de Horacio Oliva, que se encarga también de la defensa de Fernando del Valle, el principal imputado en el caso Ballena Blanca, considerado la mayor operación policial en España contra el blanqueo de dinero procedente de narcotráfico y desarrollada en Málaga.

Oliva defiende también a seis letrados implicados en el caso Malaya y al ex alcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, imputado en la operación Astapa contra una presunta trama de corrupción municipal en ese ayuntamiento, además de haber sido abogado del fallecido Jesús Gil.

Última comparecencia

La declaración de Jesús Samper es la última de una serie de comparecencias previstas que comenzaron el pasado miércoles, un día después de que la Guardia Civil registrase la gerencia de Urbanismo de Murcia, empresas y domicilios de Murcia y Madrid.

Esta diligencia se enmarca en un procedimiento judicial por malversación, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito contra la hacienda pública, iniciado por una denuncia formulada por la Fiscalía.

Las investigaciones del sumario, declarado secreto, se centran en el esclarecimiento de supuestos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos que modificaban la calificación del suelo de esta zona.