El presidente del Gobierno adelantó ayer algunas de las medidas del plan de acción para los próximos quince meses que aprobará hoy el Consejo de Ministros.
El Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que pedirá a las autonomías que faciliten más información sobre la evolución de sus ingresos y gastos, para que analistas y mercados conozcan de primera mano la realidad de sus cuentas.
El plan integral de política industrial que ahora se compromete a aprobar antes de finales de año llega con notable retraso. El pasado abril se emplazó a una comisión creada al efecto para presentar, en tres meses, las líneas generales de ese programa.
El consenso no se ha alcanzado. La subcomisión del Congreso ha elaborado un documento de compromisos nada concretos y el PP se abstuvo en la votación. El Gobierno asegura ahora que hará frente al abultado déficit tarifario y sacará adelante un programa que garantice la seguridad del suministro.
Su regulación es una de las secuelas de la reforma laboral que el Ejecutivo aprobó por decreto, pero el Gabinete confía en contar con la colaboración de los agentes sociales para que estos organismos alcancen la mayor eficacia. Hasta ahora, las entidades privadas han podido casar las ofertas y demandas de trabajo con muchas limitaciones. Se abre camino a la colaboración público-privada en la intermediación.
Este año no se podrá contar con más fondos que los 7.300 millones presupuestados. Pero el Ejecutivo quiere utilizarlos mejor. Con este fin va a revisar en profundidad el funcionamiento del sistema de formación.
Antes de que termine el año se cumplirá el plan de racionalización del sector público estatal, con la extinción de 14 empresas y la fusión de otras 24, lo que reducirá este segmento de 106 a 77 compañías. Desaparecerán 450 sillones en los consejos de administración y 80 puestos directivos. Servicios profesionales. La nueva ley que los regula se presentará en el primer trimestre del 2011.