«Si no fuera por los marroquíes habríamos tenido otro 11-M». El comentario es de un muy alto cargo y da respuesta a una pregunta que en los últimos días ha ido de boca en boca: ¿por qué España no condena a Marruecos por la represión a los saharauis? Hay razones de distinta índole, entre ellas las geopolíticas y migratorias, pero sobre todo una, la seguridad. En la balanza de intereses del Gobierno de Zapatero pesa más, mucho más, la amistad con Rabat por los servicios que presta a la seguridad nacional que los afectos nostálgicos hacia los saharauis y el Frente Polisario.
El terrorismo de las células islamistas radicales está ahí, y Marruecos desde el 2004, tras los atentados del 11-M en los que nueve de sus autores procedían del país vecino, colabora a plena satisfacción con las fuerzas de seguridad españolas para alertar de los movimientos sospechosos. La amenaza aún no concretada y discutida por los expertos es la penetración de Al Qaida entre los saharauis, de ahí los nulos esfuerzos del Gobierno por impulsar un Sáhara independiente que podría convertirse en un Estado fallido en manos de los fundamentalistas.
Al Qaida del Magreb Islámico es la bestia negra del régimen de Mohamed VI y la gran preocupación de Rubalcaba, quien no se cansa de decir a quien quiera escucharlo que la mayor amenaza para la seguridad en España en los próximos años no será ETA ni las bandas de crimen organizado. Será el yihadismo del norte de África. Y Rabat está volcado en ayudar a España a combatir ese enemigo común.
Pateras, drogas y Al Qaida
Altos responsables de Exteriores e Interior coinciden en que Marruecos lleva seis años colaborando, cada vez con menos pegas, con los servicios de información españoles para impedir que el salafismo -la concepción más fundamentalista del islam- se cuele al país vecino desde Argelia y Mauritania y desde suelo marroquí dé el salto a esta orilla del Estrecho. Madrid y Rabat, es cierto, hablan del éxito de haber frenado las avalanchas de inmigrantes en patera -las llegadas se han reducido a menos de 7.300 en el 2009 frente a las casi 40.000 del 2006-, de los intentos conjuntos para atajar el tráfico de nuevas drogas (ya no solo hachís), de la situación en el Sáhara, pero también hablan, y sobre todo, de los problemas de seguridad que para los dos países supone la expansión de la franquicia de Al Qaeda en el norte de África.
Los responsables de la seguridad del Estado insisten no obstante en que ningún informe oficial vincula «ni de lejos» al Polisario con Al Qaida, como se empeña en relacionar Rabat. Pero los informes que se acumulan en los archivos del Gobierno desde hace un par de años apuntan en un mismo sentido: la pobreza y la represión empujan cada vez más a los grupos de saharauis desafectos de la causa del Polisario a simpatizar con el salafismo, la rama más fundamentalista y radical del islam.
Con todo esto en ebullición en la trastienda, Zapatero capea como puede la revuelta de sus votantes, que no comprenden la actitud del presidente. Pero en realidad, no hay nada realmente nuevo en su posición sobre el Sáhara. El jefe del Ejecutivo siempre tuvo claro que haría de las relaciones con Marruecos una de sus prioridades y desde el inicio mostró una postura más cercana a la mantenida por Francia que a la defendida durante los Gobiernos de Aznar. Además, la comunidad internacional hace tiempo que parece haberse desentendido de este conflicto.