Tras más de 40 años de violencia independentista, el País Vasco se esfuerza en pasar la página de ETA en un momento en que la ausencia de atentados desde hace meses suscita la esperanza de un final definitivo. A la sociedad le «hace falta una catarsis colectiva», explica el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que hace unos meses abrió una «Casa de la Paz y de los Derechos Humanos» para preparar la etapa pos-ETA. Antigua residencia estival de Franco, alberga «con discreción» reuniones con asociaciones de víctimas, pacifistas y expertos para esbozar un proceso de reconciliación cuando se obtenga «la garantía real del fin de ETA», según el regidor.
«Hay un asqueo, un hastío de la población respecto a ETA, de decenios de terrorismo, de pérdida de energía, de esfuerzos en medidas de seguridad, escoltas, de tanto drama», resume Elorza. Para él, este hastío se extiende a la ilegalizada Batasuna, que pide un alto el fuego oficial.
«Sin excepción»
Otro signo de cambio es que el Gobierno vasco, dirigido por un no nacionalista (Patxi López) por primera vez en 30 años, instauró un Día de la Memoria para «todas las víctimas del terrorismo sin excepción». Desde ahora, cada 10 de noviembre, uno de los días en que no se cometió ningún atentado, el País Vasco conmemorará a las 829 víctimas de ETA, pero también a las del otro campo, sobre todo de la trama parapolicial GAL, autora de 28 muertes en los ochenta.
Además, desde hace poco las víctimas dan su testimonio en las escuelas en un plan educativo para «deslegitimar la violencia terrorista» y «fomentar los valores de tolerancia, pluralidad y defensa de las minorías». Entre ellos, José Antonio Rekondo, ex alcalde de Hernani, quien se considera víctima de un «terrorismo de baja intensidad» en forma de acoso por los radicales. «Mi experiencia fue muy tensa», resume, mientras elogia el esfuerzo de memoria pero insiste en la necesidad de reflejar «la pluralidad del sufrimiento». «Contra ETA se quiso usar el terrorismo de Estado», con el GAL, «que ha dejado víctimas civiles», explica. También hubo «excesos por parte de fuerzas de seguridad del Estado».
La asociación pacifista Lokarri («lo que une» en vasco) también aboga por una «conciliación y reconciliación» que permita a la sociedad vasca superar el conflicto. Paul Ríos se opone a que las conmemoraciones oficiales distingan entre «las víctimas de ETA de primera categoría y las del GAL o de grupos de extrema derecha o en un control de las fuerzas de seguridad, que son de segunda».
Las asociaciones de víctimas de ETA critican la idea de una reconciliación que obligaría a todas las partes a corear el mea culpa. «¿La reconciliación? ¿Con quién me tengo que reconciliar yo?», dice perpleja Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal popular asesinado por ETA en 1995.
El alcalde donostiarra Elorza vaticina «un camino muy complejo, difícil, lleno de contradicciones y con mucha tensión».