La consejera de Justicia catalana desoye las críticas por su rechazo a los referendos independentistas
ESPAÑA
Bozal puso la austeridad y los buenos servicios en juzgados y prisiones como prioridades, por delante de la recuperación de las competencias de Justicia que el TC negó al Estatuto catalán.
04 ene 2011 . Actualizado a las 02:00 h.El calificativo de independiente se ajusta como anillo al dedo a la nueva consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal. Como abogada jefe del Estado en Cataluña, su puesto antes de ingresar en el Gobierno de Artur Mas, esta letrada de 47 años se mostró como una firme defensora de la unidad de España, combatió las aventuras soberanistas a través de los referendos sobre la independencia y litigó diversas iniciativas aprobadas por el Parlamento catalán, como la ley de consultas. Bozal, que un día después de prometer su cargo ya recibió duras críticas de Esquerra Republicana y Solidaritat per la Independencia, redactó en el 2009 dos de los recursos que la Abogacía General del Estado presentó contra la consulta independentista que Arenys de Munt celebró el 13 de septiembre del año pasado y que dio el pistoletazo de salida a más de 500 votaciones similares convocadas por toda Cataluña.
Mas ha buscado un perfil técnico, el de una consejera más centrada en la gestión del departamento que en las reivindicaciones políticas. En su primera entrevista como máxima responsable de la cartera de Justicia, Bozal puso la austeridad, la agilidad y los buenos servicios en los juzgados y en las prisiones como prioridades de su mandato, por delante de la recuperación de las competencias de Justicia que el Constitucional negó al Estatuto catalán. Y se mostró muy tranquila, según dijo, ante la cascada de críticas por haber sido la ejecutora de la prohibición de la consulta de Arenys.
Convergencia Unió respaldó estos referendos sin cortapisas, especialmente Felip Puig, hoy consejero de Interior y que comparte Gobierno con una política de la que está a años luz ideológicamente.
Bozal no solo defendió la posición «del Gobierno de la nación» ante la ola de referendos secesionistas, sino que arremetió con dureza contra ellos. «Estimamos que plantear una consulta popular en términos que afectan a la integridad territorial del Estado y a la soberanía nacional sí que es una cuestión que atañe al interés general, generando un perjuicio para la estabilidad social y política», escribió.