«La Caridad» está tasada en quince millones de euros, y el Ayuntamiento la ha adquirido en concepto de una parte del pago de los veinticuatro millones de euros que los tribunales han impuesto a los condenados del caso «Saqueo».
13 ene 2011 . Actualizado a las 19:36 h.El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha alcanzado un principio de acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para cederle la finca «La Caridad», que era propiedad de Juan Antonio Roca, en concepto de pago de la deuda que mantiene con el organismo estatal.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), que se ha reunido esta mañana con el director general de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar, ha explicado que el Ayuntamiento ha propuesto esa forma de abono tras el acuerdo alcanzado con la administración judicial de la finca, uno de los bienes incautados al presunto cerebro de la trama del «caso Malaya», para que pase a ser patrimonio municipal.
«La Caridad» está tasada en quince millones de euros, y el Ayuntamiento la ha adquirido en concepto de una parte del pago de los veinticuatro millones de euros que los tribunales han impuesto a los condenados del caso «Saqueo».
Muñoz ha presentado dicha oferta para hacer frente al pago de parte de las deudas que el Ayuntamiento acumula con la Seguridad Social y con Hacienda, cantidades que en la actualidad ascienden a 182 y 85 millones de euros, respectivamente.
A este respecto, ha recordado que, en lo que va de legislatura, además de hacer frente a «deudas heredadas» con entidades financieras y proveedores, el consistorio ha abonado a la Seguridad Social y Hacienda doce millones de euros, a los que hay que sumar otros 48 del pago corriente.
Según el plan de pagos acordado, el Ayuntamiento tiene que hacer frente este año a 1,2 millones de euros mensuales para seguir pagando la deuda además del corriente, «lo que supone una enorme asfixia para la institución y una situación económica totalmente inviable».
Muñoz ha señalado que la propuesta se enmarca en la política que reclama el gobierno local para que los bienes incautados y procedentes de sentencias judiciales de los procedimientos relacionados con los gobiernos municipales que comandaron el municipio desde 1991 hasta 2006 «sirvan de garantía de pago a las nefastas deudas que acumularon durante esos quince años».