Los socialistas tildan la idea de «barbaridad» e «insumisión constitucional»
08 ago 2011 . Actualizado a las 14:58 h.Si el presidente murciano, Ramón Valcárcel (PP), no encontró en su partido demasiadas adhesiones -más allá del amago de motín protagonizado por los consejeros populares en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera- cuando recientemente insinuó la posibilidad de devolver al Estado las competencias en materia de sanidad o educación, ahora parecen haber cambiado las cosas cuando el que habla es su homólogo valenciano, Alberto Fabra. «O nos dan dinero para asumir adecuadamente nuestras funciones o tenemos que revisar conjuntamente con todas las comunidades cuál es el mapa competencial para que el Gobierno central también sea consciente de la situación real», dijo el sábado el nuevo presidente de la Generalitat de Valencia. Denunciaba en particular el recorte en la financiación autonómica realizado por el Ejecutivo Zapatero -«en un dinero que estaba prometido»-, además de lamentar que les obliguen a «devolver un dinero que se dio a las regiones en su día, haciendo creer que la situación económica no había cambiado», que no había crisis. El importe del desfase en las liquidaciones supone para su comunidad, reseñó, «la devolución de más de 1.700 millones de euros».
El PP salió ahora en defensa de las tesis de Fabra y a la vez plantó cara a la reacción crítica suscitada en el PSOE. El jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, vino a calificar de «barbaridad» que haya comunidades que se planteen la reversión de competencias -que, recordó no se transfieren, sino que existe un proceso de delegación que se inicia en la Constitución y se desarrolla en la construcción del Estado autonómico-, algo que calificó de un «abandono constitucional» y hasta de «insumisión constitucional».
La réplica vino del vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, muy activo en estos últimos días, que aseguró que no advierte «inconveniente» o dificultad alguna en que se devuelvan al Estado algunas competencias al no poder pagarlas. González Pons, en una entrevista concedida a RNE y recogida por la agencia Efe, insistió en que el Estado autonómico no es «un modelo cerrado» y que, por tanto, puede cambiar en función de las exigencias de las comunidades y del propio Gobierno central, o incluso del «momento histórico».
Materias sin financiación
Pons matizó que «nadie» se plantea devolver ámbitos como la sanidad o la educación -pese a que Murcia sí habló de estas materias-, pero otra cosa, arguyó, son las competencias que se han transferido sin dotar la financiación.
Hace unos días el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, había mostrado su «perplejidad» ante la propuesta de algunas autonomías de devolver las competencias de su ramo al Gobierno central, ya que -razonó, con argumentos similares a los que ayer usó Griñán- «están establecidas en los estatutos de autonomía y, por tanto, no son negociables».
En este sentido, el vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuel Almenar ha llegado a cuestionarse la necesidad de la existencia de las autonomías si estas renuncian y devuelven competencias básicas.