El portavoz del Gobierno considera que es mejor pedir a los que más tienen que recortar en educación.
16 sep 2011 . Actualizado a las 19:13 h.El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado que, en tiempos de crisis, es más justo pedir un esfuerzo a quienes más tienen antes que recortar los recursos destinados a la educación pública, en referencia a la recuperación «excepcional» del impuesto del patrimonio para las fortunas de más de 700.000 euros. «Lo justo a juicio del Gobierno es no recortar en educación sin pedir un esfuerzo a los que más tienen. Lo justo es repartir las cargas de la crisis», ha dicho Blanco en la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo ha dado hoy luz verde al decreto ley que reactiva por dos años este tributo y que incrementa de 108.000 a 700.000 euros el mínimo exento de declarar y de 150.000 a 300.000 euros la deducción por vivienda habitual. El Gobierno confía en contar con el apoyo mayoritario del Congreso la próxima semana para convalidar el decreto y con esa finalidad el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, ha iniciado hoy las conversaciones con las formaciones políticas.
Blanco ha subrayado que «sólo el 0,6 % de los millones de contribuyentes» tendrán que pagar este tributo, alrededor de 160.000 ciudadanos. Ha insistido el portavoz en que se trata de una medida excepcional que se toma en un momento de excepcionalidad económica, en el que «son muchas las familias que tienen que apretarse el cinturón». Además, ha hecho hincapié en que la «inmensa mayoría» de los españoles no tendrán que pagarlo, con lo que las clases medias en modo alguno se verán afectadas.
En tono irónico y ante las críticas expresadas por algunos partidos como el PP, el portavoz ha dicho que ya les gustaría a muchos españoles tener el patrimonio suficiente como para verse obligados a presentar declaración. «Millones de españoles estarían encantados de pagar este impuesto», ha expresado Blanco, que ha asegurado no entender como el PP avala recortes en la educación pública en algunas comunidades autónomas, pero se niegan a que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a salir de la crisis.
La recaudación estimada será de 1.080 millones de euros anuales, que ingresarán las comunidades autónomas, puesto que tienen cedida la gestión de este tributo. En este sentido, ha asegurado que no se podrán mantener las compensaciones de 2.097 millones anuales que el Gobierno venía pagando a las autonomías desde que en el 2008 decidió congelar este impuesto. «No se compensará a quienes no lo apliquen», ha afirmado. No obstante, ha eludido precisar si para eliminar dicha compensación es necesaria la reforma de la ley del sistema de financiación autonómica en la que está incluida, con lo que tampoco ha concretado si el próximo ejercicios se seguirán trasfiriendo los 2.097 millones de resarcimiento. «No se corresponde con el principio de lealtad que las comunidades que decidan boicotear la aplicación del impuesto pretendan que se les siga compensando», se ha limitado a decir.