El presidente rechaza cualquier condición para el final de la banda
23 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Mariano Rajoy marcó ayer claramente el terreno en el que se va a mover en su relación con Amaiur en el Congreso. Frialdad y ninguna concesión ni acercamiento. En su primera pregunta al presidente en la sesión de control de la Cámara, la formación abertzale le pidió que explicara cuál va a ser la aportación del Gobierno a «la resolución definitiva del conflicto político vasco». Su portavoz, Xabier Mikel Errekondo, aprovechó sus tres minutos para poner sobre la mesa sus reclamaciones y llegó a hablar de la «entrega de las armas» por parte de ETA si se cumplen ciertas contrapartidas.
Rajoy las escuchó con evidente incomodidad y le respondió que su Ejecutivo asegurará el cumplimiento de la ley y protegerá a los ciudadanos. Añadió que no estaba de acuerdo con sus planteamientos y que el «único conflicto político que sigue sin resolverse en el País Vasco es el de una banda terrorista que ha anunciado el cese de sus crímenes pero que no se ha disuelto», por lo que utilizará todos los instrumentos legales para conseguir que desaparezca y hacer que sus componentes respondan individualmente ante la justicia.
Pero dio una vuelta de tuerca más y colocó la pelota en el tejado de Errekondo, al que instó a que «ponga en juego toda su influencia, si es que la tiene como es natural, para que quienes sostienen esa amenaza armada se disuelvan inmediata, voluntariamente y sin ninguna condición». Ni la más mínima cancha a las demandas que anteriormente había desgranado el representante de Amaiur. Este inició su intervención asegurando que se ha abierto «un escenario nuevo de esperanza e ilusión» y que hay que aprovechar la «oportunidad histórica para sentar definitivamente las bases de la verdadera pacificación y normalización». Insistió en la existencia de un «conflicto político», que dijo es anterior a la aparición de ETA y subsiste. Para superarlo llamó al reconocimiento de Euskal Herria como nación y del derecho a decidir. Y conminó al Gobierno a dar pasos de forma inmediata en varias direcciones: respetar los derechos humanos de todos, legalizar Sortu, avanzar en el desarme y la militarización estableciendo «aspectos técnicos para la entrega de las armas», planificar la salida de los policías y los militares del País Vasco, escribir la «verdad completa» de lo sucedido estos años, crear una comisión de víctimas en la que estén representadas todas las partes implicadas -es decir, también los etarras- «con el objetivo del reconocimiento, la reparación y la reconciliación», acercar a los «presos políticos» y liberar a los que estén muy enfermos. Toda una lista de exigencias a las que Rajoy no dio respuesta.