El virus de la desconfianza mantiene a España postrada a los pies de los mercados. Nadie se cree las cifras ni de la banca ni de las autonomías. La transparencia en el saneamiento es condición sine qua non para recuperar la credibilidad. El acuerdo alcanzado ayer -con la única sombra de Asturias debido a su particular situación política- es un paso adelante. Las comunidades deben recortar este año 13.000 millones. Un sacrificio enorme que sería inútil si el ajuste fuera inverosímil o se incumpliera. El 70 % de la desviación en el déficit del año pasado les correspondió a las autonomías. Por eso, no debe repetirse, y para ello la colaboración entre Administraciones es crítica. No es el escenario adecuado para las batallas ideológicas. Ni los Gobiernos autonómicos pueden convertirse en arietes para hacer oposición al Ejecutivo central, ni este hacerlo con las comunidades que no son de su cuerda. Tampoco es de recibo que se intente aprovechar la crisis para cuartear el Estado de las autonomías, soporte, junto a la Seguridad Social, del Estado de bienestar. Tildarlo de manirroto es un prejuicio ideológico como el de quienes reclaman recortes más profundos con el argumento de un supuesto derroche, cuando lo cierto es que el gasto público en España (45, 6 % del PIB) está al nivel de países como Letonia y Polonia, y muy por debajo de los más desarrollados de la UE, como Alemania (47,9 %), el Reino Unido (50,4 %) y Francia (56,6 %). Hay que racionalizar y ajustar, sí, pero desde la realidad, no desde la ideología.