El único nexo de unión entre los distintos grupos, subgrupos y facciones que integran el actual órgano de gobierno de los jueces es el rechazo frontal a los planes del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reformar el CGPJ. Aunque dentro de esa oposición hay matices.
El grupo liderado por el tándem Margarita Robles-Manuel Almenar es partidario de una guerra abierta que solo puede concluir con el cese de Gallardón, al ver en sus iniciativas una clara pretensión de convertir el Consejo en un negociado más del Ministerio de Justicia.
Para eso buscan un presidente que asuma el papel de ariete en esa confrontación a partir del mismo momento en el que resulte elegido. Consideran que para esta función José Ramón Ferrándiz es el candidato más idóneo. Y cuentan con el apoyo de la APM.
Un segundo grupo, integrado básicamente por vocales de procedencia no judicial -José Manuel Gómez Benítez, Almudena Lastra, Gabriela Bravo, entre otros- y por los judiciales que no secundan al núcleo duro Robles-Almenar, tampoco acepta los planes de Gallardón, pero no son partidarios de una confrontación abierta.
Este grupo busca un presidente que acepte mantener en el puesto de vicepresidente a Fernando de Rosa, a quien, dada su afinidad con el partido en el Gobierno -fue el máximo responsable de la cartera de Justicia en la Generalitat valenciana bajo el mandato de Camps-, le tocaría hacer el papel de amortiguador en esa confrontación.
Según distintas fuentes, el nudo gordiano del problema pasa por el reparto del poder interno en el futuro Consejo. Si triunfase la candidatura de Ferrándiz, Robles ocuparía la vicepresidencia y Almenar la portavocía. Esto es algo que no acepta la mayoría del actual Consejo, y algunos están dispuestos a irse a casa antes de asumirlo.