Al proyecto estrella de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio de Justicia le aguarda una tortuosa tramitación. El Consejo General del Poder Judicial cree que la ambiciosa reforma del Código Penal que prepara el Gobierno, y en particular el endurecimiento del texto para los delitos más graves, puede colisionar con la Constitución. Son varios los vocales del órgano de gobierno de los jueces, y no todos progresistas, los que apuntan que, al menos, dos de los ejes centrales de la reforma -la cadena perpetua revisable para terroristas y grandes delincuentes y la custodia de seguridad- podrían violar el artículo 25 de la Carta Magna, que establece que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados.
El preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros se demorará todavía varias semanas, pero su portavoz dejó ver a las claras que el borrador levanta ampollas. «No se puede utilizar el derecho penal para dar respuesta a asuntos concretos que han tenido determinados intereses mediáticos», dijo Gabriela Bravo.
Gallardón acusó el golpe y tardó unas horas en salir en defensa de su proyecto para garantizar que no permitirá que haya más casos como el de José Bretón, «aunque algunos juristas puedan molestarse».