Preguntada por los recursos de que dispondrán, en el marco de la nueva normativa, las familias que ya han perdido su vivienda, Soraya Sáenz de Santamaría reconoció que las medidas no tienen carácter retroactivo y que la solución para estos casos pasará «por acceder a las viviendas en alquiler» y subrayó que los alquileres del fondo tendrán «precios bajos».
El ministro De Guindos tampoco aclaró ayer el compromiso del Gobierno para acometer la reforma de la Ley Hipotecaria. Señaló que el decreto se limita al proceso de lanzamiento, que es la fase final del procedimiento de ejecución hipotecaria y que normalmente coincide con el desahucio. Y añadió que el Gobierno debe consultar los cambios con la Comisión Europea, el BCE, y pedir asesoramiento al FMI en el caso de que las medidas tengan impacto en el saneamiento del sector financiero y los objetivos fijados por la eurozona en el rescate de la banca española. En cuanto a la vía de la dación en pago, De Guindos explicó que esa posibilidad ya está contemplada en la legislación vigente, «pero encarece el crédito y por eso se firma en pocas ocasiones». En opinión del ministro, «cuando más se protege al consumidor, más se encarece el crédito».
Quejas de la banca
La Asociación Española de Banca (AEB), que anunció la paralización de desahucios el lunes pasado, aseguró ayer que entienden las razones del Gobierno, pero puntualiza que el coste de las medidas recaerá «exclusivamente» en el sector. Por su parte, la patronal de las cajas, la CECA, ofreció su colaboración en la reforma del marco normativo hipotecario para alcanzar «un equilibrio entre la protección de los clientes más vulnerables y la estabilidad financiera».