El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, coincidieron ayer en las críticas a la nueva ley de tasas judiciales y que ayer empezó a hacerse efectiva. Ambos consideran que la cuantía de muchas de ellas son excesivas.
El fiscal general, en declaraciones a la Ser, lamentó que el Ejecutivo no consultase a la Fiscalía su opinión al respecto. «La ley de tasas -dijo- no pasó a informe de la Fiscalía para mi sorpresa. Nos hubiera gustado dar una opinión». Lamentó no haber podido hablar de este tema con el ministro Alberto Ruiz-Gallardón e insistió en que teme que se produzcan recursos de inconstitucionalidad por parte de los jueces. La nueva ley ha sido rechazada tanto por usuarios como por profesionales del mundo del derecho, uniendo en su contra a magistrados, fiscales, abogados o secretarios judiciales.
Torres-Dulce admitió ser partidario de unas tasas que faciliten la financiación de la Justicia, pero considera que estas no deben ser desmesuradas ni dificultar el acceso de los ciudadanos al sistema judicial, algo que en su opinión ocurre con la nueva norma. «Algunas de las tasas me parecen excesivas», dijo.
En línea similar se pronunció el vicepresidente del Consejo del Poder Judicial. Fernando de Rosa, en su visita al Congreso con motivo de la comparecencia de Gonzalo Moliner en la Comisión de Justicia, se mostró partidario de revisar la cuantía de algunas de las tasas aprobadas. Explicó que comparte el concepto de las tasas y cree que cumplirán una función positiva, tal y como defiende el ministerio, pero considera conveniente revisar algunas cuantías, algo que cree posible mediante el diálogo entre los sectores implicados. También abogó por reforzar las vías de mediación como instrumento para que los ciudadanos puedan evitar acudir a los tribunales siempre que sea posible.
El Sindicato de Secretarios Judiciales, contrario a las tasas, ha elaborado un modelo de decreto para que, ante la presentación de una demanda que no acompañe el justificante de pago de la tasa, el juez o magistrado plantee directamente una cuestión de inconstitucionalidad.
Torres-Dulce se queja de no haber sido consultado