El cabreo del mundo judicial con el hiperactivo ministro Gallardón se deriva de la gran mayoría de las decisiones adoptadas por su ministerio en apenas un año. Todo empezó con la ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública. Esa ley suprime los jueces sustitutos y obliga a los titulares a cubrir las bajas a cambio de una compensación económica.
Después llegaron las tasas judiciales, en vigor desde el 17 de diciembre, que levantaron a jueces, fiscales y, sobre todo, abogados contra el departamento de Ruiz-Gallardón.
El proyecto de reforma del CGPJ es la gota que ha colmado el vaso. Justicia quiere quitarle competencias y cambiar el modo de elección de los miembros para restar influencia a las asociaciones y que jueces no adscritos puedan presentarse como vocales si cuentan con al menos 25 apoyos de compañeros. Las agrupaciones se oponen frontalmente y aseguran que ello no mermará la politización.