Es terrible, pero cierto. España está ahora mismo en manos de dos presuntos delincuentes, Diego Torres y Luis Bárcenas, dos hombres que saben demasiado. Ambos guardaban secretos inconfesables cuya revelación mediante una estrategia calculada de goteo de la información ha puesto patas arriba el país y causado un daño gravísimo y difícilmente reparable a las instituciones constitucionales. Hasta el punto de que el jefe del Estado y el presidente del Gobierno están ahora mismo tocados, mientras los españoles sufren una crisis económica que no parece tener fin.
El exsocio de Urdangarin ha puesto en manos del juez una serie de correos electrónicos que implican al rey en los negocios de su yerno, con la aparición estelar de su amiga Corinna. El caso ha dado así un salto cualitativo trascendental, ya que ahora apunta directamente a la Zarzuela, con dos de sus servidores, el conde de Fontao y Carlos García Revenga, muy señalados. Es evidente que tanto Torres como Bárcenas están utilizando el chantaje para defenderse y tratar de conseguir un trato de favor, pero lo que importa a los ciudadanos, que asisten atónitos a este denigrante espectáculo, es si el material con el que presionan es verdadero o falso y que trascendencia tiene. Ya es suficiente escándalo que Urdangarin lograra suculentos contratos solamente por su parentesco con el monarca o que Bárcenas llegara a acumular 22 millones de euros en Suiza mientras era el responsable de las cuentas del PP, pero mucho peor sería que se confirmara la responsabilidad del rey o de Rajoy, por acción u omisión del deber de vigilancia exigido. La simple sospecha es de por sí demoledora para el propio sistema democrático. La situación es de máxima alarma social y, por tanto, requiere no solo de las actuaciones judiciales pertinentes, sino de explicaciones claras y rotundas.