Confluyen en el acuerdo adoptado en la Cámara una autoenmienda del PP, que ha aprobado algo que hasta la fecha venía tumbando pleno tras pleno; otra del BNG, que ahora desde la oposición clama por lo que mandando declinó hacer; una lógica postura de AGE, ajeno a responsabilidades ejecutivas; y una deriva del PSOE menos comprensible que denominar primarias al método por el cual este verano elegirá a su próximo secretario xeral.
¿Cómo se gestó el proyecto?
Es la del Gaiás la historia de un despropósito colectivo, con padres biológicos (PP) ciegos y adoptivos (PSOE y BNG) tuertos. Mediado febrero del 2001, de manera vacua, laxa, improvisada e incluso temeraria, la Administración Fraga, a la ingenua caza de un efecto Guggenheim, se lanzó a la empresa de levantar sobre un monte a las afueras de Santiago un faraónico complejo que, teóricamente, costaría al erario un tope de 108.182.178 euros y quedaría terminado en 36 meses, a lo sumo.
¿Cuánto se ha gastado?
Cuadruplicado aquel plazo, no obstante, la factura va por 287,6 millones y solo cuatro de los seis edificios diseñados por el estadounidense Peter Eisenman han sido inaugurados, todos y cada uno de ellos -aquí otra prueba del naufragio- destinados hoy a fines diferentes a los esbozados en origen. Con escaso tirón (910 visitantes diarios), funcionan la Biblioteca e Arquivo de Galicia, el Centro Emprendemento Creativo, el Museo Centro Gaiás y el Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica.
¿Por qué se paralizaron las obras?
En estado embrionario de construcción, los dos inmuebles restantes, el Centro de Música e das Artes Escénicas y el Centro de Arte Internacional (una especie de palacio de la ópera y un contenedor que, tras siete bandazos, a estas alturas de la película carece de propósito definido) se encuentran paralizados hasta el 2014 en virtud de un pacto del Gabinete de Alberto Núñez Feijoo con las compañías Necso, Copasa y OHL que detrae de las arcas públicas un promedio de 12.434 euros mensuales. Ahora, en aplicación de la iniciativa parlamentaria de ayer, la Xunta tendrá que negociar con las citadas compañías una cancelación de contratos cuyo importe, dependiendo de a quien se escuche, podría situarse entre los 4,5 y los 18 millones, en concepto de indemnización. En cualquier caso, la resolución de dichos compromisos, adquiridos en el 2005 por el entonces conselleiro Jesús Pérez Varela hallándose en funciones, eximirá a la Administración de un lastre infinitamente más pesado.
De acuerdo con cálculos oficiales, la ejecución de ese par de recintos en su concepción inicial habría restado a la maltrecha economía de Galicia otros 175 millones, aproximadamente. Esa cantidad incluye no solo los gastos de obra, sino los de urbanización exterior, acondicionamiento interior y dotación de mobiliario.
¿Cuánto costaría mantener abiertos los edificios pendientes?
Suma y sigue, además, el simple hecho de tenerlos abiertos, a tenor de proyecciones técnicas, exigiría un desembolso por ejercicio, grosso modo, de 1,9 millones. Y eso sin contabilizar el dispendio anual en programación. Ese peso incrementaría significativamente los elevados pagos en concepto de conservación que la Fundación Cidade da Cultura, propiedad de la Xunta al 100 %, ya se ve forzada a afrontar en la actualidad.
¿Qué pasará ahora?
Previsiblemente a lo largo de los próximos días, los responsables del recinto concertarán con el sector privado, por un máximo de 7.964.005 euros y un período de aplicación de 24 meses, los suministros de energía eléctrica y gas natural, las labores de vigilancia, las tareas de limpieza y las rutinas de mantenimiento integral. Dicho de otro modo, por esas cinco vías, entre los veranos del 2013 y del 2015 a los gestores del complejo se les escaparán hasta 76.577 euros por semana, el triple que en el 2011. Subyacen en ese repunte la progresiva apertura al público de espacios y, sobre todo, el traslado allí de oficinas, servicios autonómicos e instalaciones informáticas que el Gobierno ha optado por reagrupar en la zona para ahorrar en alquileres. Son el caso del ente que regula las industrias culturales en la comunidad (Agadic) y la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia.