El Gobierno está dispuesto a respaldar el criterio de que la infanta Cristina no debe ser imputada en el caso Nóos si no aparecen pruebas que la incriminen directamente en la trama urdida por Iñaki Urdangarin. Considera, al igual que la Fiscalía, que la suma de los débiles indicios hallados hasta ahora por el juez Castro no son suficientes como para sostener una imputación que, tal y como ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores, causaría un grave perjuicio a la imagen de España.
Convencido como está de que no hay por ahora razones suficientes para esa imputación, el Ejecutivo está dispuesto a defender esa posición con todos los resortes del Estado. Hasta ahora, el Gobierno ha eludido tomar ningún tipo de partido en el caso, ni siquiera después de que la Fiscalía, cuyo jefe, Eduardo Torres-Dulce, mantiene una dependencia jerárquica con el Gobierno, se pronunciara en contra de la imputación. Sin embargo, la decisión de la Abogacía del Estado de compartir el criterio de la no imputación supone ya una toma de postura mucho más clara.
Ese movimiento de la abogacía es más significativo por la contundencia de los argumentos esgrimidos por el fiscal Pedro Horrach a la hora de recurrir la decisión del juez de imputar a la infanta. Sumándose a ese escrito sin aportar ningún matiz o elemento adicional, la Abogacía del Estado pasa a compartir la tesis de que el juez Castro ha «deformado la realidad» para adecuarla a un deseo previo de imputar a la infanta.
En el fondo de ese argumento subyace la pretensión de sugerir que el magistrado ha terminado por ceder a la presión mediática y política en favor de la imputación de doña Cristina sin tener elementos suficientes para ello. Tampoco el PSOE se ha pronunciado directamente sobre la cuestión, pero el cambio de criterio de los socialistas al adherirse a la petición de transparencia absoluta en todo lo que afecta a la familia real ha dejado más solo al Gobierno en su idea de proteger a la jefatura del Estado con todos los instrumentos legales a su alcance.