La diversidad geográfica del litoral español hace muy difícil una normativa legal que se ajuste por igual a todas las situaciones. Nadie duda de que la brutal especulación del litoral mediterráneo ha destruido ecosistemas enteros: humedales y regadíos convertidos en cloacas y sistemas dunares en pantallas constructivas entre el mar y el paisaje, y ni siquiera se salvaron los espacios naturales protegidos. Allí la nueva ley es una concesión a ese nuevo desarrollismo del actual Gobierno, propio en tantas cosas de una España que ya creíamos haber superado. En la costa cantábrica la situación fue muy distinta, sea por el accidentado litoral o por su mayor protección. Hay, con todo, malformaciones como Bakio, Laredo, Noja, Salinas, Barreiros o Foz. En nuestra costa atlántica la situación fue distinta, especialmente en las Rías Baixas, donde los destrozos fueron patentes. La densa edificación dio lugar a núcleos urbanos mal configurados, con un feísmo latente, donde se asientan poblaciones que tienen en el mar su principal sustento, y que la anterior normativa dejaba en una preocupante inseguridad jurídica. En este caso, la nueva ley aporta una necesaria regularización a sus habitantes, pero también un indulto inmerecido al «ti vai facendo» anterior. Además acorta el espacio de protección que devuelve la indefensión al ya maltratado paisaje costero. La Xunta, a través del planeamiento municipal y del plan de protección del litoral, tiene la obligación de impedir que la nueva norma degenere en ese nuevo permisivismo que reactive los males heredados.