La Casa del Rey estará en la ley de transparencia en igualdad de condiciones que el resto de altas instituciones del Estado, pero este acuerdo no cierra del todo la polémica, porque aún no se sabe hasta dónde llegarán sus obligaciones de publicidad. Se detallarán cuantas decenas de millones de euros gastan los ministerios en el mantenimiento de los jardines y palacios que usa la familia real, el coste de los viajes y actos oficiales, de su seguridad, de la Guardia Real o del parque móvil, entre otros. De igual manera, según el proyecto actual, la propia Corona deberá dar información más detallada que la que proporciona desde hace un año en su web sobre el uso que hace de la asignación gubernamental para el mantenimiento de su casa, este año 7,9 millones, sobre los contratos y convenios que suscribe, sobre posibles auditorías e incompatibilidades, sobre retribuciones de altos cargos, o sobre cualquier otro elemento relevante de su actividad y uso del dinero público.
Así, quizá se pueda saber lo que el rey gasta en almuerzos, recepciones o regalos a invitados, o lo que cuestan algunos gastos corrientes del palacio, por ejemplo electricidad o consumo de agua, pero nada dice la ley de que deba desvelar su patrimonio personal, exigencia a la que solo están obligados los altos cargos de las administraciones y los concejales.Tampoco está previsto por ahora que tenga que especificar la asignación que entrega a la reina, a la princesa Letizia o a las infantas.