La magistrada cree que existen «indicios» de «presunto delito de cohecho» y ve «indispensable» que la presidenta declare como imputada
04 jun 2013 . Actualizado a las 19:05 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha emplazado a las partes para que informen si debe elevar la causa referente al caso Caja Navarra al Tribunal Supremo dado el aforamiento de la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina. La magistrada considera que, en lo instruido hasta el momento, «existen indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho». Cree así «indispensable recibir declaración en calidad de imputada de Yolanda Barcina Angulo». El auto puede ser recurrido.
La magistrada explica en el auto, que puede ser recurrido, que dada la condición de aforada de la presidenta sería el Supremo el órgano al que corresponde, «si así lo estima conveniente», la investigación de los hechos a ella atribuidos y en su caso su enjuicimientoñ. Para la juez, «a la vista de la íntima relación que existe con los hechos atribuidos a las demás personas que ostentan la cualidad de imputadas en la causa» la investigación debería extenderse a «todos ellos» puesto que «en otro caso existe riesgo de que se rompa la continencia de causa».
Como se sabe, se encuentran imputados en esta causa el expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero del Gobierno foral Álvaro Miranda, todos ellos integrantes de la Comisión Permanente de Caja Navarra. También está imputado el exdirector general de CAN Enrique Goñi.
Expone la juez en el auto que a partir del 31 de agosto de 2010 comenzaron a reunirse en las sesiones de reporte el expresidente Miguel Sanz, Yolanda Barcina como alcaldesa de Pamplona y Álvaro Miranda como consejero de Economía del Gobierno; y que a partir de la reunión del 30 de agosto de 2011 presidió las sesiones Yolanda Barcina al ser elegida presidenta del Ejecutivo y con Enrique Maya como alcalde y con Sanz a pesar de no ser ya el presidente navarro.
Por dos reuniones que se celebraron siendo Barcina jefa del Ejecutivo se devengaron, recoge el auto, «2.680 euros brutos para el presidente y 1.717 para los demás miembros». «Estas cantidades no se identificaban como dietas por asistencia a las sesiones de reporte, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la Caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores», por lo que «quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización».
En el auto, la juez afirma que las sesiones de reporte (Permanente) se celebraron con «carencia absoluta» de soporte normativo que las justificara y que sus integrantes «fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones, que era el presidente de la Junta de Entidades Fundadoras y presidente del Gobierno de Navarra».