Como estaba previsto, la montaña parió un ratón porque nadie con sentido común podía esperar de la intervención de Rajoy ante el pleno de las Cortes otra cosa que no fuese echar balones fuera, afirmar que la polémica perjudica a España y a la lucha contra la crisis, y permitir a los portavoces de los grupos parlamentarios soltar lindezas al presidente para que les vean sus fans por televisión y alcancen su nivel de ebullición las redes sociales.
Hasta el último ciudadano sabe que todos los partidos políticos se financian ilegalmente desde los tiempos de Maricastaña y que su nivel de ilegalidad económica es directamente proporcional al poder detentado. Y el menos listo ha llegado a la conclusión de que el tal Bárcenas ha amasado su fortuna quedándose con la mayor parte de los dineros que como donación o comisión entraban por el circuito B del PP. Que Rajoy se equivocó al confiar en Bárcenas es una confesión tan pedestre a estas alturas del sumario que hasta el más cándido sonríe, aunque don Mariano estaba obligado a reconocerlo.
Para que nos creamos que la lucha contra la corrupción en los partidos políticos va en serio es suficiente con que los interfectos ayuden a la Justicia en sus pesquisas y que el legislativo apruebe una ley que obligue a la fiscalización trimestral de sus cuentas por un mismo grupo de técnicos de la Administración central del Estado e impida que se presenten a las elecciones cuando se hayan descubierto trampas.