Gallardón ve suficiente la legislación sobre la Corona, pese al vacío jurídico
25 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno quiso transmitir ayer una sensación de absoluta normalidad institucional horas antes de la delicada operación del rey, la quinta en el último año y medio, que podría requerir hasta seis meses de convalecencia.
El mensaje que lanzó fue que no tiene previsto ningún cambio legislativo sobre la Corona y descarta regular en estos momentos las funciones del príncipe, a pesar del vacío legal que existe. No quiere dar la impresión de que actúa movido por los problemas de salud de don Juan Carlos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, señaló que «los aspectos fundamentales, esenciales, que afectan a la Corona están perfectamente regulados en nuestra legislación, especialmente en nuestra Constitución».
El día después de que el PP y el PSOE abrieran la puerta, con distinto énfasis, por primera vez en la democracia, a la posibilidad de regular el papel del príncipe, Gallardón aseguró que «no está encima de la mesa ningún tipo de proyecto por parte del Gobierno». Aunque tampoco lo descartó de cara al futuro. «Tenemos una regulación suficiente, aunque eso no significa que pueda haber regulación complementaria», afirmó. Pero advirtió de que cualquier propuesta que se haga debe «estudiarse «con toda la tranquilidad y alejado de cualquier tipo de coyuntura de carácter excepcional». También negó categóricamente que en algún momento se hubiera planteado la inhabilitación del monarca e insistió en que su convalecencia «no le impide realizar sus actividades fundamentales en su condición de jefe del Estado».
Ley orgánica pendiente
A pesar de lo dicho por el ministro, la propia Carta Magna, en su artículo 57.5, establece que «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión de la Corona se resolverá por una ley orgánica». Casi 35 años después, sigue pendiente, lo que demuestra que un asunto de tanta trascendencia no está regulado. Asimismo, la Constitución no reserva función alguna al príncipe heredero, ni siquiera la de representación de su padre. No goza de inmunidad penal ni es aforado, por lo que podría ser juzgado por los tribunales ordinarios. Destacados constitucionalistas consideran imprescindible elaborar un estatuto jurídico que defina su papel y sus funciones. Este vacío legal le impedirá, por ejemplo, asistir a la cumbre iberoamericana de Panamá en sustitución del rey. Tampoco podría sancionar leyes en caso de incapacidad temporal de este.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no cerró el lunes la posibilidad a regular las funciones del príncipe, aunque con la máxima prudencia. La socialista Elena Valenciano apostó por un estatuto de la Casa Real que regule la figura del heredero, cuando sea posible y haya consenso. Pero el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, afirmó ayer que en este momento no se dan las condiciones para negociar ningún pacto de Estado porque los socialistas han roto el diálogo con el PP. Alonso no consideró urgente desarrollar lo establecido en la Constitución, pero no cerró la puerta a tratar este asunto si sirve para fortalecer la institución.
La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, se mostró partidaria de desarrollar el título II de la Constitución relativo a la Corona. Aunque recordó que el rey nunca ha dejado de cumplir con sus funciones cuando ha sido intervenido. Por su parte, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, afirmó que parece «evidente» que el rey no está en condiciones de cumplir su mandato constitucional. Aitor Esteban (PNV) también puso en duda que pueda acometer las funciones en la que es insustituible.
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