PP, PSOE y UPyD tumban la propuesta, respaldada por todos los partidos nacionalistas, mientras Izquierda Plural se abstiene
08 oct 2013 . Actualizado a las 23:12 h.El BNG se unió esta tarde en el Congreso a la izquierda aberzale vasca de Amaiur y a los independentistas catalanes de ERC para reclamar el derecho a la autodeterminación de Galicia, País Vasco y Cataluña. La iniciativa fue rechazada con los votos en contra del PP, PSOE y UPyD, la abstención de Izquierda Plural y el respaldo de todos los partidos nacionalistas, aunque CiU no apoyo la parte de la propuesta en la que se definía el procedimiento para alcanzar la independencia. Tanto CiU como el PNV reprocharon a los promotores de la iniciativa el que llevaran al Congreso una propuesta unilateral sin tener en cuenta los consensos alcanzados en Cataluña y País Vasco. Galicia fue la única de las tres comunidades en la que el derecho a su autodeterminación fue defendido en el Congreso por un único partido de los representados en su Parlamento autonómico. En este caso, por las dos diputadas del BNG.
La portavoz del Bloque, Olaia Fernández Davila, exigió el reconocimiento de la soberanía de Galicia y el «derecho a decidir del pueblo gallego». Afirmó que la nación «es un hecho, no una idea, un ser real y no un ente problemático», al tiempo que acusó al Gobierno central de tener un comportamiento «perverso» consistente en establecer la política del «café para todos» empeñándose en «desvirtuar la diferencia transfiriendo el mismo nivel de competencias a todas las autonomías». El debate puso de manifiesto los diferentes matices de cada partido en torno a los cambios necesarios en la actual configuración del Estado. Mientras el PP y UPyD se limitaron a rechazar la propuesta por inconstitucional y por partir de unas premisas jurídicamente falsas, el PSOE aclaró que está en contra del derecho de autodeterminación pero aseguró que España vive una «grave crisis territorial», por lo que , a su juicio, el Estado de las autonomías necesita «una profunda revisión» y una actualización «urgente» mediante un «pacto territorial».
La proposición rechazada no solo reclamaba el derecho a la autodeterminación, sino que establecía el procedimiento para la independencia de «las naciones que conforman el Estado español : Euskal Herria (con los cuatro territorios forales), Països Catalans y Galiza», así como «todas las que lo definan en su Estatuto de autonomía». Los gobiernos autonómicos deberían convocar referendos a instancia del Parlamento regional o del 20% del censo electoral en los que podrían votar los ciudadanos con derecho al sufragio en las elecciones municipales. Si en el referendo participara más del 50% del censo y más del 50% de los votantes finales fuera favorable a la independencia, «el gobierno autónomo proclamará la independencia de su nación». Además, el Estado español facilitaría «el reconocimiento internacional del nuevo Estado, especialmente en la Unión Europea».