Teme que la búsqueda de pruebas de la caja B alargue el estado de crisis
22 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Pablo Ruz es un juez discreto y prudente. De pasos cortos pero firmes. Todo sus movimientos están medidos al milímetro. Estudia de forma exhaustiva los informes de los investigadores, policía judicial, Agencia Tributaria e Intervención General del Estado, y consulta con el fiscal. En ocasiones recibe críticas por su seguidismo del ministerio público. Pero solo el tiempo, nueve meses ya desde que abrió la causa de la supuesta contabilidad secreta del PP, pone las cosas en su sitio. ¿Qué ha pasado en este período para que el partido en el Gobierno respirara tranquilo cuando Ruz asumió la causa de los papeles de Bárcenas, en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, y ahora reniegue de la deriva que está tomando la investigación?.
«Conozco mucho al magistrado. es un juez íntegro que aparca su ideología al ponerse la toga, esta noche ha callado muchas bocas», comenta un abogado penalista amigo de Ruz, después de que este decidiera mandar el pasado jueves a la policía judicial a la sede nacional del PP. Un paso definitivo para esclarecer la verdad tanto del supuesto pago en negro de las obras de Génova, 13 como de la caja B. Algunos ven el atrevido movimiento del juez más bisoño de la Audiencia Nacional -tiene tan solo 38 años- como un punto de no retorno en la causa.
Con un PP cada vez más nervioso porque la instrucción, lejos de archivarse, como se vendía desde la cúpula popular, ha cogido impulso y tiene visos de seguir marcando la agenda política el próximo año. Lo que augura un importante desgaste para el partido del Gobierno y su presidente, Mariano Rajoy.
La inadvertida declaración de Luis Bárcenas en julio pasado de que el 30 % de las obras de la sede nacional se habían pagado en negro se han convertido en una pesadilla. Había coincidencia con sus apuntes contables y Pablo Ruz ordenó registrar en un remoto fin de semana de septiembre la sede de Unifica, la empresa que remodeló el edificio. Bingo. Había facturas y órdenes de pago que no estaban en la contabilidad oficial que el PP remitió en su día al Tribunal de Cuentas, y al juez en agosto.
Entonces, Ruz imputó al exgerente Cristóbal Páez y al arquitecto Gonzalo Urquijo. Ordenó informes a la policía judicial y a la Agencia Tributaria. Y aparecieron indicios de descuadres contables. El 22 de noviembre dictó un auto demoledor: «Presunta existencia en el PP de una corriente de pagos y cobros en dinero negro continua en el tiempo».
Los servicios jurídicos del partido, con Alberto Durán a la cabeza, contraatacaron el pasado día 5 con un escrito al fiscal, no al juez, cargando duramente contra los investigadores «parciales» y las presunciones de Ruz. Asimismo, aportaron nuevas facturas y órdenes de pago de las obras para defender su legalidad. Craso error. Porque Ruz, molesto por la falta de colaboración del abogado de los populares, reaccionó enviando el jueves a los agentes a Génova 13 en busca de pruebas sobre la supuesta contabilidad secreta. Se había abierto el melón y el idilio del PP con el juez se ha roto para siempre. Y del idilio se ha pasado a la preocupación.