El Gobierno del Principado ya se ha comprometido a mantener la atención sanitaria a personas que hayan agotado la prestación y permanezcan más de tres meses en el extranjero
14 ene 2014 . Actualizado a las 11:00 h.El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha denunciado hoy que los trabajadores que hayan agotado la prestación por desempleo y pasen más de 90 días fuera de España perderán la tarjeta sanitaria y ha dicho que va a pedir a Andalucía y Asturias que no apliquen esta medida «torpe» e «inhumana».
En un artículo publicado en su Facebook, Rubalcaba da cuenta de la entrada en vigor de esa medida el pasado 1 de enero y acusa al Gobierno de Rajoy de haber «decidido infligir un castigo suplementario a los parados: a la angustia por no tener empleo, a la incertidumbre del emigrante ahora le añade la presión por quedarse sin atención médica gratuita», critica.
Rubalcaba afirma que el Gobierno «sólo sabe ofrecer sufrimiento sobre sufrimiento y siempre a los más débiles».
«Dicen que cuando el trabajador regrese le devolverán la tarjeta, pero ¿cómo?, ¿cuándo? Eso no lo dicen, porque toman decisiones sin atenerse a los destrozos que provocan en la vida de las personas», plantea el líder socialista.
No obstante, Rubalcaba augura una «corta vida» a esta y «otras iniciativas de este tipo que el Gobierno últimamente ha prodigado», ya que se muestra convencido de que el Ejecutivo dará «marcha atrás, no porque súbitamente se vuelvan sensibles al dolor de la gente, sino porque acabarán cediendo ante la presión social».
Asturias se compromete a mantener la atención
Horas después de que el líder del PSOE pidiese a las dos comunidades que no apliquen esta medida, el Gobierno asturiano se comprometía a través de un comunicado a mantener la atención sanitaria a las personas desempleadas que hayan agotado la prestación y permanezcan más de tres meses en el extranjero y ha anunciado que estudiará las alternativas para garantizar esta prestación «dentro de la legalidad vigente».
En un comunicado, la Consejería de Sanidad del Principado señala que esta medida, que entró en vigor el pasado 1 de enero, se suma a las adoptadas con otros colectivos «vulnerables» a los que el Gobierno central ha dejado ya sin cobertura sanitaria, como es el caso de los inmigrantes en situación irregular.
Según el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, esta decisión confirma el cambio de modelo de servicio público que ha introducido el Gobierno del PP al dejar de considerar la atención sanitaria como un derecho universal y vincularlo a cotizaciones sociales con distinta condición, de asegurado o beneficiario.
De esta forma, añade el consejero, grupos de ciudadanos, como ya ocurrió con los inmigrantes en situación irregular, quedan en una situación de exclusión en el servicio sanitario público y de pérdida de derechos «que puede retrotraer al modelo de beneficencia».
Para Blanco, la solidaridad entre las personas con rentas altas y bajas, los sanos y los enfermos, los jóvenes y los mayores «son el mejor valor de un sistema universal y queda tremendamente afectada por este tipo de medidas» que, asegura, el Gobierno que preside el socialista Javier Fernández «no va a consentir».