El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, no pierde la esperanza de recomponer el grupo municipal socialista. A pesar de los desplantes que se han ido sucediendo desde mediados de diciembre. Ayer mismo, la concejala Mónica Vázquez acudió con toda naturalidad a la reunión semanal de la junta de gobierno local. Horas después, conocida la sanción, anticipó que acudirá a la Justicia ordinaria en defensa de su honor, pues se siente maltratada en la resolución de la ejecutiva federal y cree legalmente discutible todo lo decidido por el partido. Mónica Vázquez manifestó, además, su perplejidad por el hecho de que se la sancione a ella por no asistir a reuniones con el mismo procedimiento que al exalcalde Francisco Rodríguez, «imputado en la Pokémon y en libertad bajo fianza».
El primer movimiento, salvo imprevistos, será la salida de María Devesa y Susana Bayo de la junta de gobierno local. Dejaron de asistir, le han pedido al alcalde que las exima de estar en este órgano colegiado y el regidor, probablemente hoy mismo, atenderá su solicitud.
La suspensión de militancia no tiene efecto alguno en la vida municipal. Los afectados siguen sometidos a la disciplina de partido, de tal modo que pueden seguir en el grupo socialista, por lo que, en el improbable supuesto de que se suavicen las relaciones, el desenlace del expediente bien pudiera retrasarse hasta prácticamente agotar el mandato de la actual corporación, con lo cual apenas tendría impacto en la gobernabilidad. A pesar del optimismo del alcalde, las relaciones están muy enconadas, como muestran las reacciones de Mónica Vázquez, o las de Antonio Rodríguez Penín.
El alcalde quiere hablar con todos los implicados para escuchar y decidir. En el aire está que mantenga o no las competencias delegadas en María Devesa o Susana Bayo, aun cuando hayan dejado la junta de gobierno local. Ya no se trata tanto una cuestión política como económica, pues la retirada de competencias acarrea automáticamente la pérdida de la dedicación exclusiva.
La oposición, mientras, carece de alternativa. Una estricta aplicación de los acuerdos contra el transfuguismo, y el imposible pacto entre BNG y PP, aleja la posibilidad de una moción de censura.