Torres-Dulce dice que actuará si aprecia «actos delictivos» sobre la consulta
07 oct 2014 . Actualizado a las 08:08 h.El Gobierno mantiene el pulso judicial con la Generalitat a costa del referendo independentista en Cataluña. Ayer, la Abogacía del Estado solicitó al Tribunal Constitucional que declare nula la creación de la comisión de control de la consulta firmada por el presidente catalán, Artur Mas, el pasado día 2. El Ejecutivo considera que se trata de un incumplimiento de la providencia del 29 de septiembre en la que el alto tribunal dejaba claro que la suspensión de la ley de consultas catalana y de la convocatoria del referendo implicaban también la suspensión de «las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella».
El Gobierno solicita que esta nueva impugnación se sume a las ya presentadas con anterioridad contra la norma legal y el decreto que fija la fecha del referendo. Esto obliga a que el Constitucional se dirija de nuevo a la Generalitat y al Parlamento catalán para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. Una vez estudiadas estas, el pleno del Constitucional se reunirá para debatir si admite o no este nuevo recurso. La decisión no será inmediata y el asunto no se debatirá previsiblemente en el pleno que el Tribunal Constitucional celebra hoy.
Función de junta electoral
La comisión de control de las consultas se creó como un órgano equivalente al de la junta electoral, cuyo cometido es supervisar las consultas no refrendarias que puedan ser convocadas en Cataluña. El Parlamento catalán eligió el pasado miércoles a sus siete miembros en una votación en la que solo participaron los partidos que apoyan el referendo para la independencia. PP, PSC y Ciutadans no intervinieron en esa votación por considerar que se trataba de un acto ilegal que vulneraba las órdenes del Tribunal Constitucional.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se refirió también ayer a la batalla judicial entre el Gobierno y la Generalitat y señaló que el ministerio público está examinando «cuidadosamente» y con «imparcialidad» cada uno de los actos que se están produciendo desde que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta para que no se produzca en Cataluña «la consumación de un acto delictivo».