Los beneficiarios eran los sindicatos y empresarios que organizaban los cursos
15 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía Teodoro Montes, denunció ayer ante la juez Mercedes Alaya que tanto los sindicatos UGT-A y CC. OO-A como la Confederación de Empresarios de Andalucía exigían comisiones ilegales para subcontratar cursos de formación. Unas mordidas que, según explicó, alcanzaban hasta el 20 %, y que nada tenían que ver con dinero extra si, al final, la ganadora de la adjudicación tenía que aumentar los gastos para subcontratar a otra empresa para impartir los módulos.
Montes ya reveló voluntariamente ante la Guardia Civil el descontrol que existía en toda la fase de los cursos de formación, desde la ejecución hasta su visado hasta la ausencia de inspecciones o de control económico de las facturas justificativas. Una situación que ya empezó a ratificar la pasada semana ante la juez Alaya, que lo citó para profundizar en la causa sobre el presunto fraude en los cursos de formación que ella instruye en Sevilla.
En su segunda jornada ante la magistrada, y tras casi diez horas de declaración, Montes detalló algunas irregularidades que encontró a la hora de certificar los cursos y subrayó la, en su opinión, «inutilidad» de los cursos de formación ofrecidos por la Administración.
Fuentes judiciales señalaron que Montes, que ganó una denuncia por acoso laboral a la Junta de Andalucía y posteriormente se le archivó otra en la que denunciaba que no se le dejaban hacer sus funciones como responsable de Formación Ocupacional, detalló cómo los sindicatos y la patronal de empresarios exigían el pago de comisiones para subcontratar los cursos a terceros antes siquiera de que se supiera el coste final del curso, según le contaron estos.
Asimismo, reveló cómo algunos cursos para discapacitados acaban en realidad proporcionando mano de obra barata o incluso gratuita para dichas empresas. También aseguró haber sido testigo de otro curso en el que los discapacitados habrían sido «maltratados física y psicológicamente», con riesgo incluso para su salud, ya que recibieron las clases en condiciones extremas y a 60 grados centígrados. De hecho, aventuró que a estos alumnos se les podía haber suministrado algún tranquilizante para que no se alteraran, ya que cuando acudió a supervisar el curso se los encontró dormidos, de ahí que acabara anulando la actividad formativa. No obstante, no acudió a denunciarlo a la policía o el juzgado de guardia.