El Gobierno niega validez al «simulacro inútil y estéril», que exacerba la división
ESPAÑA
Jueces catalanes ordenan investigar si Artur Mas ha delinquido por organizar el 9-N
10 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy vio ayer desde su despacho de La Moncloa como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, consumaba su desafío al Estado, con la celebración de la consulta alternativa, burlando así la suspensión dictaminada por el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue el encargado de valorar la jornada mediante la lectura de una declaración en nombre del Gobierno en la que calificaba la votación como un «simulacro inútil y estéril»» organizado por las fuerzas independentistas que carece de «cualquier tipo de validez democrática» y de efectos jurídicos, y con el que Mas «quiere ocultar su fracaso personal» al no haber podido celebrar la consulta ilegal que anunció. Destacó que el proceso se ha realizado al margen de cualquier marco jurídico, sin amparo en ninguna ley catalana ni decreto de convocatoria, y que sus promotores renunciaron a mantener siquiera la apariencia de neutralidad, convertidos en juez y parte. Catalá señaló que este «acto de propaganda política» solo ha servido para «exacerbar la división de los catalanes y tensar las relaciones dentro y fuera de Cataluña».
Además, advirtió de las consecuencias penales que el 9-N podría tener para Mas. Aseguró que la Fiscalía General del Estado, a la luz de la investigación que ha abierto y de las múltiples denuncias presentadas en los juzgados catalanes, va a analizar si existen responsabilidades penales y, de ser así, ejercer las acciones legales que correspondan.
Dificulta mucho el futuro
Antes de esta comparecencia, fuentes gubernamentales trasladaron el mismo mensaje, al tiempo que señalaban que el Ejecutivo no iba a entrar a valorar las cifras de participación porque no existe ninguna manera de comprobarlas al no haber mecanismos de control. Además, aseguraban que el 9-N no va a suponer «ninguna ventaja política» para Mas y advertían de que su «actitud y comportamiento en esta jornada dificulta mucho el futuro». Rajoy ya minimizó el día anterior las consecuencias de la votación al decir que no era ni un referendo ni una consulta ni nada que se le parezca y no tenía efecto alguno. Unas declaraciones que daban a entender que el Gobierno no iba a forzar la maquinaria legal para impedir la votación.
Aunque la jornada discurrió con normalidad, salvo unos pocos incidentes aislados, paralelamente se entabló una auténtica batalla legal para tratar de paralizar el proceso. Pero los intentos fueron infructuosos, ya que los jueces de guardia de diferentes localidades catalanes rechazaron ordenar el cierre de los colegios electores y la retirada de las urnas que solicitaban los denunciantes por considerar estas medidas desproporcionadas. Así lo hizo el juez de guardia de Barcelona, que desestimó la petición de dos partidos políticos, UPyD y la xenófoba Plataforma per Catalunya, que en su auto argumentó que «no existen razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen» adoptarlas. Pero ordenó abrir una investigación para saber si los responsables de la organización del 9-N habían cometido algún delito. El juez Gonzalo de Dios consideró que hay elementos suficientes para analizar si han podido cometer los delitos de desobediencia a la autoridad judicial, prevaricación e incluso malversación de fondos públicos. Jueces de otras localidades como Tarragona, Badalona y Mollet del Vallès también rechazaron paralizar la votación.
Desobediencia y prevaricación
La denuncia más completa fue la que presentó UPyD en Barcelona contra Mas, su consejera de Educación, Irene Rigau, y el de Interior, Ramón Espadaler, como autores de delitos de desobediencia y prevaricación por ignorar con actos concretos la prohibición judicial de celebrar la votación y, también, de otro de omisión del deber de perseguir delitos. Asimismo, acusaba a los voluntarios y cualquier persona que hubiera contribuido de forma determinante a la consulta como «cómplices, cooperadores necesarios, encubridores o coautores».
Artur Mas compareció en tono desafiante para asumir oficialmente que él y su Gobierno son quienes están detrás de la organización y la financiación de la seudoconsulta y que dio la orden para abrir los centros de votación. «Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios públicos en Cataluña solo hace falta que me miren a mí», dijo tras votar. Además, restó importancia a las denuncias. «No me preocupa en absoluto. Ladran, luego cabalgamos.