Aumenta los mecanismos para prevenir la corrupción, prohíbe las donaciones de empresas y limita las de personas físicas, y recorta las subvenciones públicas
22 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Congreso aprobó ayer con los votos de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, la abstención del PSOE y el voto en contra de la Izquierda Plural, UPyD y parte del Grupo Mixto, la ley de control financiero de los partidos, que aumenta los mecanismos para prevenir la corrupción, prohíbe las donaciones de empresas y limita las de personas físicas, y recorta las subvenciones públicas.
El proyecto consolida el recorte del 40 % de las ayudas públicas a los partidos aplicada en los últimos años y añade una reducción del 20 % de las subvenciones para envíos de propaganda electoral, que solo en los pasados comicios europeos superó los 17 millones de euros. Además, las ayudas a los partidos no irán aparejadas a las subidas del IPC u otros indicadores económicos sino a los Presupuestos Generales y, en concreto, al gasto social.
En defensa de la iniciativa, Carlos Floriano (PP) señaló que esta ley trata de ponérselo «imposible» a los corruptos y, si alguno consigue saltarse la ley, castigarlo más duramente obligándole a devolver lo robado. Para Floriano, es muy importante distinguir entre los corruptos, los que luchan contra esta lacra y quienes no quieren acabar con la corrupción y además pretenden sacar réditos electorales. «Vamos a terminar con la corrupción porque estamos convencidos de que los corruptos no tendrán ni un solo día de tregua», afirmó.
El socialista José Enrique Serrano recordó que esta ley se aprueba coincidiendo con las últimas novedades del caso Gürtel, que causan un lógico «estupor» entre los ciudadanos, y lamentó que no se haya regulado la supresión de las llamadas «puertas giratorias». Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, dijo que su grupo echaba de menos una ley que hubiera evitado casos de corrupción como el de Luis Bárcenas. «Mientras no abordemos las causas de la financiación no atajaremos el problema», afirmó. Muy crítico también fue Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, que cree que esta ley aborda de forma insuficiente la «pésima» percepción que tienen los ciudadanos de los partidos.