Mandos policiales y de la Guardia Civil ven en el fin de la incomunicación de los detenidos un obstáculo para combatir la violencia yihadista
07 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En apenas 24 horas, entre el martes y el miércoles pasados, los vetustos andamios en los que se cimentó durante más de 30 años la legislación y la acción antiterrorista recibieron dos severos mandobles por parte del Congreso y del Tribunal Supremo. Las dos instituciones acabaron con la incomunicación clásica de los detenidos y con el valor probatorio de las declaraciones policiales. Un doble golpe inopinado que, a decir de algunos, puede suponer un importante obstáculo en la batalla contra el nuevo terrorismo, el yihadista, y que para otros es solo un paso más hacia la normalidad y el garantismo tras el final de ETA.
La primera de las reformas vino de una enmienda transaccional del PNV a la reforma del artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), aceptada por el PP, y que restringe las posibilidades de incomunicar a un detenido y obligará a un estricto control y justificación judicial de cualquier limitación excepcional de derechos que se le imponga. A partir de ahora, el detenido incomunicado no está despojado por norma de derechos y solo se le podrán restringir los que se soliciten por los investigadores y siempre que el juez lo autorice. Y todo ello unido a dos visitas forenses diarias. La incomunicación podrá seguir prorrogada hasta tres días.
«No es posible que en pleno siglo XXI, y con retos tan graves para la seguridad como el yihadismo y las bandas organizadas, limitemos determinadas herramientas que es evidente que nos han servido para combatir con éxito al terrorismo», se lamenta José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Su opinión es compartida por numerosos mandos de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, que insisten en la necesidad de mantener la «incomunicación clásica» de los terroristas en la mayoría de las operaciones «para llevar a buen puerto» las investigaciones.
«En el fondo lo que trasluce de esta reforma es una profunda desconfianza en las fuerzas de seguridad. En lugar de reformar la LEC para afianzar a la Policía como parte de ese proceso, lo que exigen a los agentes es una superjustificación basada en un complejo de hipergarantismo», abunda Benito.
En las antípodas de la UFP y de los mandos antiterroristas, que ven un «retroceso» en la reforma que aprobará esta semana el Congreso, está el padre de la criatura, el diputado del PNV Emilio Olabarria. «Sí, sin duda es el principio del ocaso de la legislación antiterrorista. Las limitaciones a la incomunicación son un elemento de normalización desde la perspectiva del País Vasco», apunta el parlamentario, quien recuerda que España ya acumula cinco sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por malos tratos propiciados por la incomunicación y multitud de reproches del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por este mismo asunto.
«También la sentencia del Supremo va en esa misma línea. Certificar el fin de una época», apostilla Olabarria. El diputado se refiere al acuerdo de la Sala de lo Penal que fijó el miércoles que la declaración de los detenidos en comisaría que luego no son corroboradas en un juzgado solo tendrá valor probatorio en un juicio si se confirma la confesión policial por otros datos objetivos, como informes periciales, declaración de testigos presenciales o directos o evidencias documentales. Hasta ahora, imperaba el criterio fijado en el 2006 de validar esas declaraciones de los detenidos si los agentes que habían practicado el interrogatorio las confirmaban durante la vista oral.
El testimonio de los agentes
«Esa mera ratificación de los funcionarios ante el tribunal ha sido clave en condenas importantísimas, no solo de ETA, sino también de yihadismo. Ahora, el Supremo parte de la base de poner en duda el testimonio de los agentes», se queja un alto mando de la lucha antiterrorista. «Sigue la misma línea que la reforma de la LEC. Poner en duda la palabra de los policías», apostilla José María Benito.
Sin embargo, para el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), el fallo del Supremo no va a cambiar mucho las cosas en la lucha antiterrorista. «En realidad, no cambia nada en la operativa policial actual, pues a día de hoy prácticamente nadie sale condenado en vía penal por meras declaraciones policiales que no sean corroboradas y confirmadas con otros hechos, indicios o elementos de prueba», relata Javier Estévez, portavoz del SUP.
Estévez, a diferencia de la UFP o de algunos de los mandos de la lucha antiterrorista, no cree que la reforma de la incomunicación en la LEC sea grave. «Vivimos dentro de un sistema garantista de derechos y esta modificación contribuye a dar mayor legalidad a todas las actuaciones policiales y judiciales, limitando los casos en que puede aplicarse», entiende el dirigente del SUP.