De esta forma, el juez de la Audiencia Nacional deja sin efecto las ordenes de detención internacional contra los tres militares del Ejército de Estados Unidos
09 jun 2015 . Actualizado a las 23:44 h.«El flexo no podrá mantenerse encendido». Con esta frase el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió ayer la imposibilidad de seguir con la investigación sobre el homicidio del cámara ferrolano de Telecinco José Couso por militares estadounidenses en Bagdad en abril del 2003, durante los primeros días de la invasión de Irak por la coalición internacional.
El magistrado se vio obligado a elevar la causa a la Sala de lo Penal para su archivo después de que el Tribunal Supremo avalase en abril pasado, en el caso del genocidio del Tíbet y en el que había una víctima española, la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno. Esta modificación por vía de urgencia en el Parlamento restringió drásticamente la capacidad de los jueces españoles de perseguir delitos cometidos fuera de su territorio.
En el sumario estaban procesados tres militares del Ejército de Estados Unidos por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio. El juez Pedraz explicó en su auto que tras la reforma de la ley de jurisdicción universal y, sobre todo, después de la sentencia del Supremo sobre el caso Tíbet «no hay margen para continuar la investigación». Destacó que esa sentencia fue dictada por el pleno de la Sala Penal del alto tribunal y por «todos los magistrados que componen dicha sala, sin que además concurra voto particular alguno, y además en la fundamentación jurídica se dice que la misma es extensible a procedimientos con similar fundamento».
Los militares, libres
Es una doctrina que, como concluye el juez, tiene verdadera fuerza vinculante para los jueces y tribunales inferiores. Por lo tanto, no le queda más remedio que poner fin a una investigación penal de casi diez años, que dio muchos tumbos al principios, pero que a partir del 2007 cogió impulso. En la instrucción fueron procesados los tres militares norteamericanos que dispararon al hotel Palestina de Bagdad e incluso Pedraz se trasladó a la capital iraquí en el 2011 para conocer los pormenores del homicidio.
En su auto, el juez de la Audiencia Nacional lamenta que los procesados no podrán ser buscados ni investigados ni en España ni en otros países puesto que la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España.
Para buscar o hacerles comparecer ante los tribunales a estas personas sería necesario, recuerda, una orden de búsqueda emitida en el marco de un procedimiento que ya no va a existir porque el nuevo apartado cuarto del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impide su incoación. Se trata de los estrictos requisitos para investigar a partir de la reforma del Gobierno: que sea una víctima española y que el agresor viva en España o tenga vínculos con el país. Constatada la falta de competencia de la jurisdicción española, no se puede mantener la orden de busca y captura nacional ni internacional de estos tres militares, el sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford. Así, los procesados podrán desplazarse a otros países que hayan suscrito la Convención de Ginebra, e incluso a España, con la seguridad de que no van a ser buscados puesto que en los archivos policiales o de otra índole no aparecerán, lamenta Pedraz.
La familia, desolada
La familia de José Couso anunció que recurrirá la resolución y afirmó estar «desolada e indignada» por el archivo, que debe ser confirmado ahora por el Tribunal Supremo. «El Gobierno cambió la ley para proteger a los asesinos de mi hermano», denunció David Couso, hermano del reportero, quien está dispuesto a llevar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que su muerte no quede impune.
«La justicia no puede actuar porque este Gobierno la ha atado de pies y de manos. Hoy se ha vuelto a demostrar que el cambio legislativo que impulsó Rajoy fue una operación destinada a permitir que determinados asesinos y delincuentes queden al margen de la ley», afirma David Couso.