Intenta hacer concesiones al PSC vigilado por Susana Díaz y otros barones
02 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.«Hay otra alternativa integradora y profundamente democrática en la que las aspiraciones de más autonomía no se van a ver frustradas». Esa fue la promesa que hizo Pedro Sánchez a los catalanes en su última visita a Barcelona. El secretario general del PSOE ha decidido hacer de la propuesta de reforma constitucional, ya cocinada por su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, su principal apuesta para las autonómicas del próximo 27 de septiembre (y, en parte, también para las generales de noviembre o diciembre). Su mensaje es el de que existe una salida a la crisis catalana que no implica secesión, pero tampoco inmovilismo. Ahora bien, los socialistas admiten que tampoco el suyo sería un camino exento de dificultades.
Sánchez tiene que superar, de hecho, un primer escollo en sus propias filas. El pasado 8 de julio, el líder del PSOE anunció la puesta en marcha de un comité de expertos constitucionalistas, presidido por el catedrático Gregorio Cámara, para terminar de perfilar la propuesta y plasmarla en el programa electoral. En la práctica, sin embargo, la misma dirección del partido admite que es casi imposible moverse de lo que ya pactó Rubalcaba en julio del 2013 con los barones socialistas en la llamada Declaración de Granada. Un texto que preconfiguraba una federalización del sistema autonómico.
«Es un documento que permite diecinueve discursos diferentes», dijo gráficamente en su día uno de los firmantes. Esa fue la principal virtud de aquella propuesta, que sirvió para coser la brecha abierta entre socialistas catalanes y el resto del PSOE. Pero esa es también su debilidad. «Si Pedro (Sánchez) intenta ir más lejos -avisa uno de los principales implicados en aquel acuerdo-, Susana Díaz o incluso Emiliano García-Page pueden romper la baraja». El secretario general de los socialistas, sin embargo, ha dado pasos arriesgados que apuntan hacia un intento de dejar atrás el «café para todos». Estos pueden ser los nudos gordianos de su oferta.
Asimetría
Autogobierno de «más calidad» para algunos. Uno de los objetivos de la reforma, según Pedro Sánchez, es «conseguir un autogobierno de mayor calidad en las comunidades que tengan vocación de autogobierno». ¿Cuáles son esas comunidades y qué quiere decir «más calidad»? Tanto Sánchez como su número dos, César Luena, han ido sorteando esta pregunta en los últimos días. La responsable de programas, Meritxell Batet, matiza que no hay que pensar solo en las nacionalidades históricas -País Vasco, Cataluña y Galicia-. «Andalucía -dice- también tiene vocación de autogobierno, en cambio hay otras autonomías que incluso se han planteado una devolución de competencias».
La mención a Andalucía no es baladí. Susana Díaz apela con frecuencia a la movilización popular que llevó a la comunidad a conquistar el autogobierno en 1981 por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución, originalmente previsto solo para los tres territorios que ya habían aprobado un estatuto propio durante la república. Y advierte que no consentirá «una España de dos velocidades». Tanto en la dirección del partido como en el grupo de expertos constitucionalistas alegan que no hay que tener miedo a que las singularidades se plasmen en «distintos niveles de autogobierno» si se garantiza la igualdad de derechos.
EL PSC PRESIONA
Nación de naciones. El PSC ha renunciado al derecho a decidir, escisión de su ala soberanista mediante, y centra ahora su discurso en una reforma federal de la Constitución, pero ambiciona que se reconozca a Cataluña como «una nación dentro de una España plurinacional». Este asunto tampoco quedó resuelto en Granada. La dirección del PSOE no se moja. Quiere evitar que las cuestiones terminológicas dinamiten el, a su juicio, necesario debate. «Estamos en una posición de salida y ese planteamiento corresponde a una posición de llegada», insisten.
Financiación
Principio de ordinalidad. Los socialistas quieren «constitucionalizar los elementos esenciales de un sistema de financiación autonómica» para evitar que su regulación fundamental, que ahora se revisa cada cierto tiempo mediante una ley orgánica, esté sometida a continuas tensiones. En Granada se logró que todos los barones aceptaran incluir, junto a los principios de solidaridad, equidad interterritorial, autonomía financiera o cooperación el llamado «principio de ordinalidad», que evitaría que el orden de las comunidades según su renta por habitante resulte modificado tras aplicar los criterios de solidaridad. Un cambio revolucionario. No parece que nadie vaya a ir más allá. Sin embargo, Sánchez asegura que su objetivo es lograr una mejoría en la financiación de las autonomías y «singularmente en la de Cataluña».
COMPETENCIAS
Blindaje. En el PSOE insisten en que la Carta Magna debe recoger solo las competencias indelegables del Estado, no como ahora. Para algunos, eso blinda al Estado, para otros favorece a las autonomías. El texto de Granada subraya que eso supondría «que también las comunidades autónomas dispondrán de competencias exclusivas, lo que evitará duplicidades (?) se reducirán las competencias compartidas y se garantizará que las comunidades ejerzan aquellas que son exclusivas sin interferencias».
Un consejo federal en lugar del Senado
La anterior dirección del PSOE tuvo la osadía de plantear al partido la supresión del Senado y su sustitución por una suerte de consejo federal que actuaría como órgano de coordinación interterritorial, con competencias legislativas limitadas y un número de componentes tres veces inferior al de la Cámara alta, que cuenta con 265 escaños. Su idea estaba inspirada en el Bundesrat alemán, de modo que sus miembros no serían elegidos por voto directo ni por los parlamentos autonómicos, como ocurre actualmente con los senadores, sino que serían designados y formarían parte de los gobiernos de cada comunidad en un número proporcional a la población. No sería, pues, una cámara parlamentaria, aunque su función sería aprobar o rechazar las leyes autonómicas que afectan a las competencias del conjunto. El plan, sin embargo, quedó luego algo diluido. Y no hay acuerdo sobre si los nuevos senadores deberían ser miembros de los ejecutivos, de las asambleas regionales, representantes elegidos por sufragio, o una mezcla.