Todos los grupos del Congreso menos el PP han firmado un escrito en el que piden al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que impida la tramitación exprés de la nueva norma
02 sep 2015 . Actualizado a las 18:22 h.Todos los grupos de la oposición en el Congreso han firmado un escrito en el que piden al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que rectifique e impida la tramitación exprés de la reforma del Tribunal Constitucional que ha propuesto el PP, de forma que se haga como marca el reglamento.
La diputada socialista Magdalena Valerio ha presentado este escrito, que ha promovido el PSOE y que han firmado la práctica totalidad de los partidos de la oposición: CDC, UDC, Izquierda Plural, PNV, UPyD y tres partidos del grupo mixto -BNG, Compromís y Coalición Canaria-. Estos partidos reclaman a Posada que reconsidere el acuerdo que tomó el martes, cuando calificó él solo la proposición de ley del PP que propone reformar el Tribunal Constitucional en lugar de dejar que lo haga la Mesa de la Cámara en su próxima reunión, la semana que viene.
Según ha señalado Valerio, Posada ha incumplido el reglamento de la Cámara y ha puesto sus funciones «al servicio» del PP y de la «operación que está perpetrando contra el Tribunal Constitucional» y ha añadido que con la tramitación exprés se produce un «ataque grave a la democracia, a la división de poderes y a algo esencial como es el respeto al funcionamiento del poder legislativo». También ha advertido de que si el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no paran esta «tropelía» y se acaba aprobando la reforma, «evidentemente» el PSOE estudiará recurrirla ante el Constitucional.
La diputada socialista ha asegurado que según el reglamento del Congreso los supuestos por los que excepcionalmente el presidente puede calificar una iniciativa no recogen las proposiciones de ley -solo proyectos de ley o acuerdos internacionales-, por lo que el PP ha «obligado» a Posada, a quien considera una persona «cabal», a «incumplir el reglamento».
Apunta, en cualquier caso, que los populares no han querido presentar la iniciativa como proyecto de ley del Gobierno porque habría tenido que pasar por los órganos consultivos. «Y me temo que no esperan nada bueno del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial» analizando y opinando esta reforma. También ha señalado Valerio que no está justificada la urgencia, aunque sabe que los populares lo han hecho así para que les dé tiempo a aprobar la reforma antes de que acabe la legislatura.
Si se persiste en esta tramitación, para Valerio se habrá producido el «broche de oro» del abuso que el PP ha hecho de su mayoría absoluta. Además ha insistido en que con esta reforma el PP pretende convertir al Tribunal Constitucional en un «acto político», y lo hace solo por motivos «electoralistas», con el trasfondo de las elecciones catalanas y «para ayudar a hacer campaña» a Xavier García Albiol, el candidato a la Generalitat de los populares. «Vamos a hacer todos juntos lo posible por parar este atropello a la democracia y al funcionamiento de uno de los poderes del estado que es el legislativo», ha añadido.
En cualquier caso ha señalado que espera que Posada tenga «sentido común y de Estado» y rectifique en su decisión, incluso tiene la «mínima esperanza» de que a Mariano Rajoy le dé «un punto de cordura y desista de esta reforma» contra la que están «todos los grupos, los constitucionalistas de este país y los propios magistrados del Tribunal Constitucional». Si no lo hace, «evidentemente» el PSOE estudiará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma. Además ha prometido que se uniría a la «larga lista» de leyes que los socialistas piensan derogar si acceden al Gobierno.
También el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha dicho que su grupo no descarta adoptar medidas en un futuro si se aprueba esta ley. Preguntado sobre las actuaciones futuras de su grupo, ha indicado que en principio se limitan al recurso conjunto, aunque no descartan otras acciones. «Evidentemente que tomaremos alguna medida», ha señalado. Lara ha insistido en que no le parece razonable ni democrático que sea la Presidencia del Congreso, y no la Mesa, quien califique la propuesta del PP.