Remiten un escrito a Jesús Posada para que reconsidere su decisión de tramitar como urgente la proposición del PP que permitirá suspender a Mas
03 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La reforma exprés del Tribunal Constitucional propuesta por el Grupo Popular, que permitirá inhabilitar a Artur Mas si no cumple sus resoluciones ha puesto en pie de guerra a la oposición. El PP considera, en cambio, que refuerza el Estado de derecho y pretende aprobarla a toda velocidad para tener listo ese instrumento jurídico cuando se constituya el Parlamento catalán que surja de las urnas el 27S en el caso de que declare unilateralmente la independencia.
Los socialistas han arremetido duramente contra esta iniciativa, que tildan de barbaridad, desleal y electoralista al tiempo que acusan al PP de utilizar en su beneficio las instituciones. Advierten, además, de que convierte al alto tribunal en un «actor político», desnaturaliza su función genuina y daña su imagen. Saben que no podrán pararla porque los populares tienen mayoría absoluta, pero quieren retrasar su aprobación y que se escenifique la soledad del Gobierno, que está dispuesto a sacarla adelante en solitario, sin consenso.
Falta de imparcialidad
Con ese objetivo, el PSOE aglutinó ayer a casi todos los grupos de la oposición, que suscribieron un escrito dirigido al presidente del Congreso, Jesús Posada, en el que le piden que rectifique e impida la tramitación exprés de la reforma. Junto al PSOE, firmaron IU, CDC, Unió, UPyD, PNV, Coalición Canaria, Compromís y el BNG, todos ellos opuestos no solo a la forma en la que se quiere aprobar, sino también al fondo de la reforma. Solo se desmarcaron Amaiur, ERC y UPN.
En el texto denuncian la «inaceptable actuación por falta de imparcialidad en el ejercicio de las funciones» de Posada y le piden que reconsidere la decisión de calificar personalmente la proposición de ley del Grupo Popular y deje que lo haga la Mesa de la cámara en su próxima reunión de la semana que viene, como corresponde. Consideran que el presidente se excedió en sus funciones y «favoreció directamente la tramitación de una iniciativa presentada precisamente por el grupo parlamentario que apoya al Gobierno».
Si Posada no hubiera calificado la proposición de ley no habría entrado en el orden del día del pleno del día 14 y podría no dar tiempo a que fuera aprobada antes de la disolución de las cámaras si Mariano Rajoy convoca las elecciones el 13 de diciembre.
Posada remitió a los grupos de la oposición un escrito en el que defiende su potestad para calificar para su tramitación urgente la proposición del PP. Argumentó que la Mesa delega sus funciones en él cuando no tiene prevista reunión ordinaria y aseguró que los servicios jurídicos del Congreso le dieron el visto bueno para calificar la iniciativa.
Según la socialista Magdalena Valerio, que presentó el escrito, Posada ha incumplido el reglamento del Congreso y se ha puesto al servicio del PP en la «operación que está perpetrando contra el Tribunal Constitucional». Advirtió que si Mariano Rajoy no para lo que calificó de «tropelía» y se aprueba la reforma estudiarán recurrirla al Constitucional.
Fortalece el Estado de derecho
Mientras la oposición hacía frente común contra la reforma, el Gobierno y el PP se movilizaron para defenderla. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que «no va contra nadie», sino que fortalece el Estado de derecho para que las decisiones de los tribunales se cumplan. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que dotar al Constitucional de capacidad para hacer ejecutivas sus resoluciones «forma parte de lo razonable, de lo equilibrado» y tiene «todas las garantías y todo el sentido jurídico». El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que la reforma persigue «fortalecer el Estado democrático de derecho».
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, señaló que no le parece adecuado vincular la reforma de la ley «a una persona concreta» o a «un político concreto» y que Mas no debe «darse por aludido», salvo que tenga interés en incumplir sentencias. «Hay muchos españoles que piden una medida contundente ante el ejercicio de rebeldía del señor Mas», aseguró el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto. Aunque puntualizó que se trata de una medida preventiva, dijo que Mas «debería preocuparse» si se salta la legalidad.
Deja solo al PP, da munición a los secesionistas y siembra dudas en los expertos
La iniciativa del Gobierno a menos de un mes del 27S, que permitirá al Constitucional suspender de sus funciones a las autoridades que no obedezcan sus resoluciones, cuyo claro objetivo es Artur Mas, ha unido a toda la oposición en su contra, dado munición gruesa a los independentista y es más que discutible jurídicamente. Mas ha aprovechado para acusar al Gobierno de «cargarse el Estado de derecho», un ataque furibundo de alguien que pretende vulnerarlo declarando de forma unilateral la independencia. El Gobierno, sin embargo, cree que su movimiento le dará rédito electoral porque afianza su imagen de firmeza contra el desafío. Destacados constitucionalistas consideran inadecuado dotar a la corte de garantías de capacidad para sancionar e incluso inhabilitar a presidentes autonómicos, porque se aparta de su verdadera función de máximo intérprete de la ley fundamental del Estado. Además, ya existe el artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que una autonomía cumpla sus obligaciones. Esta posición no es unánime. Hay quienes opinan que la reforma es necesaria. El catedrático Francesc de Carreras, que trabaja en la propuesta de reforma constitucional de Ciudadanos, la defiende, ya que el legislador debe «poner todos los medios» para que las sentencias del Constitucional se cumplan. Contrasta esta opinión con la Albert Rivera, que la considera innecesaria porque ya hay mecanismos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.